EUROPA PRESS - Archivo
MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha indicado que no es "imprescindible" cambiar el procedimiento para legalizar organizaciones sindicales, después de la polémica sobre el registro del sindicato de prostitutas, que ha acabado con la dimisión de la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, y ha señalado que en este caso falló la falta de "criterio político".
En todo caso, Valdeolivas ha precisado este martes 4 de septiembre en rueda de prensa para valorar los datos de paro y afiliación del mes de agosto, que "hay algunos elementos que no se han tenido en cuenta" en cuanto a "la capacidad que tiene el Ministerio de Trabajo en este tipo de circunstancias para hacer o dejar de hacer".
Así, ha explicado que "el depósito de estatutos sindicales no es ninguna legalización de organizaciones sindicales" y ha recordado que la ley de libertad sindical tenía precisamente como una de sus prioridades "no permitir ningún tipo de interferencia administrativa en un derecho fundamental a constituir libremente sindicatos".
En este sentido, ha puntualizado que "a quien corresponde únicamente la legalización o no legalización de organizaciones sindicales es a la autoridad judicial" y "hay procedimiento específico al efecto".
Por tanto, ha defendido que este fue "un acto administrativo reglado en el que el Ministerio debe atender a una serie de condiciones estrictamente formales y puramente identificativas de la organización sindical sin ningún otro tipo de contenido relativo al fondo".
Si bien, ha reconocido que, aunque su actuación administrativa fue "ajustada a derecho", la directora general de Trabajo no estuvo "atenta" a la "sensibilidad" que este asunto podía despertar ateniéndose únicamente a su tarea administrativa.
Además, la secretaria de Estado ha recordado que al enterarse la ministra y ella misma por "redes sociales" de lo que había ocurrido, llamó a Pascual quien señaló, en palabras de Valdeolivas: "Admito que he cometido un error garrafal, me he atenido al criterio estrictamente técnico, me he ajustado a mi tarea admnistrativa, se me ha escapado el criterio político, la sensibilidad que podía despertar y asumo la responsabilidad porque os tendría que haber avisado".
ACTIVIDAD "ILÍCITA"
Valdeolivas ha insistido en que ni la ministra ni ella tuvieron "nunca" conocimiento de esta actuación y si lo hubieran sabido, "quizá habrían actuado de otra manera, en el plano político", activando vías de colaboración con la Abogacía del Estado y con Vicepresidencia para "ver las posibilidades de ir en contra de un sindicato que pretende dar carta de naturaleza a una actividad" que el Gobierno considera "ilícita".
En todo caso, ha indicado que no cree que sea "imprescindible" cambiar el procedimiento para el registro de organizaciones sindicales porque, "incluso cuando se adquiere personalidad jurídica por parte de sindicatos que pueden poner en riesgo otros bines jurídicos y derechos fundamentales de igual valor que la libertad sindical", en este caso, "la dignidad de la mujer", ya hay "previstos cauces de impugnación".
Por otro lado, sobre las informaciones que vinculan este caso con un artículo firmado por Valdeolivas en 2015, cuando era decana de la facultad de Derecho de la UAM, relativo al tema de la prostitución, la secretaria de Estado ha indicado que es "un juicio de intenciones intolerable".
Así, ha defendido que nada de lo que ha escrito a lo largo de su carrera académica le "obliga a abdicar" de sus "principios inquebrantables de adhesión a este proyecto político". Además, ha defendido sus "convicciones feministas y socialistas" frente a "confabulaciones falsas".
