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    Empresarios piden potenciar la colaboración público-privada y la coordinación sociosanitaria en la Ley de Dependencia

    El CEOE presenta el 'Informe Dependencia' en el que propone mejoras para modificar la ley

    Empresarios piden potenciar la colaboración público-privada y la coordinación sociosanitaria en la Ley de Dependencia
    EUROPA PRESS - ARCHIVO

    MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

    La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha propuesto modificar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD) potenciando, entre otras cosas, la colaboración público-privada y la coordinación sociosanitaria.

    Así lo pone de manifiesto el 'Informe Dependencia' presentado por el CEOE este viernes 15 de febrero en Madrid. "En el trabajo se analiza con rigor el alcance normativo y real de la Ley de Dependencia. Nos ilustra sobre hasta dónde se ha desarrollado, qué falta por desarrollar y qué factores han impedido que sea realmente efectiva", ha explicado la presidenta de Sanidad y Asuntos Sociales de la organización, Cristina Contel.

    En concreto, el estudio pide potenciar la colaboración público-privada, fomentando el papel de las empresas y servicios de carácter privado en la prestación de servicios, desarrollando y aprovechando los recursos existentes.

    Para el expresidente de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE Carlos González Bosch, el control y la política estratégica en materia de dependencia "tiene que ser de la Administración Central" pero, en su opinión, "la financiación puede ser de entidades privadas".

    "Cuestionarla 'per se' no nos parece una medida positiva para la sociedad. No tiene sentido que estemos en esta situación de indefinición, tenemos un problema que hay que resolver", ha explicado González Bosch, destacando que el "gran problema" de la Ley de Dependencia "ha sido la financiación" y que actualmente 1.265.000 personas en España necesitan ser atendidas por este motivo, de las cuales 950.000 reciben una prestación y 310.000 no la reciben.

    En este sentido, ha añadido que la financiación "no ha seguido a línea" que la ley quería impulsar y ha asegurado que ha habido cifras en las que la Administración Central "ha incumplido de forma importante sus compromisos". "Ahí tenemos un problema", ha sentenciado.

    Respecto a la coordinación sociosanitaria para llegar a una integración de los Servicios Sociales y Sanidad, el informe defiende contemplar la historia sociosanitaria única, facilitando a todos los agentes la historia de salud y social del mayor, a través de la integración informática. Esta integración debe conllevar la necesaria unidad de criterios normativos a nivel nacional.

    En este contexto, González Bosch ha criticado que "no se ha construido un verdadero espacio sociosanitario" y que la Ley de Dependencia "ha vuelto a tener problemas de descordinación entre los Asuntos Sociales y la Sanidad". "Si no somos capaces de comprender que los Asuntos Sociales y la Sanidad están hoy íntimamente ligados, no avanzaremos", ha precisado.

    El estudio propone un nuevo modelo de financiación que diferencie los costes reales de un centro residencial, actualizando y adecuando los costes medios de atención residencial a los costes reales para el cálculo de la ayuda.

    MÁS TRANSPARENCIA Y RESPETAR EL DERECHO A DECIDIR DE LOS DEPENDIENTES

    En la nueva Ley de Dependencia, el CEOE demanda un impulso decidido de la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), que respete el derecho a decidir de los beneficiarios y de más transparencia al sistema; y que la prefesionalización de los servicios sea un "principio básico", reconociéndose los cuidados a la persona dependiente "desde la dignidad, el desarrollo de su autonomía y la protección de sus derechos".

    El informe también pone de manifiesto la "necesidad" de contar con un sistema de acreditación "equitativo" y fundamentado en unos principios que garanticen unos mínimos comunes de atención entre las diferentes Comunidades Autónomas; y de establecer un debate abierto sobre el copago, debiendo instrumentarse un ejercicio real y responsable de copago en función de la renta y el patrimonio de la persona que será atendida.

    La posible nueva Ley de Dependencia, según el estudio, debería desarrollar las actividades del desarrollo personal que se han quedado "algo estancadas", a través del impulso a Servicios de Ayuda a Domicilio y Servicios de Teleasistencia; y mejorar los sistemas de baremación, así como la cartera de servicios, mejorando el procedimineto y la información.

    Para el CEOE, la formación de los profesionales para las nuevas necesidades y los nuevos modelos de atención es "fundamental" para poder ofrecer la calidad que necesitan las personas mayores. "Este sector tiene que ser atractivo para los profesionales. Está costando encontrar gente que quiera trabajar aquí", ha señalado el presidente de AESTE, Ignacio Vivas.

    Sobre el aseguramiento de la dependencia, el informe considera necesario que no se compute para el cálculo de la capacidad económica personal del beneficiario las rentas derivadas de los seguros privados de dependencia, y que tampoco se compute como patrimonio los derechos económicos del beneficiario en este tipo de seguros.

    Asimismo, refleja que sería necesaria una ampliación de la definición fiscal de los seguros de dependencia para poder ser contratados por personas ya dependientes o familiares directos de éstas, permitiendo que las primas satisfechas por el dependiente o familiar pudieran ser objeto de la correspondiente reducción en base imponible.

    Por último, el informe del CEOE destaca la necesidad de homogeneizar el tipo de IVA aplicado al sector de la dependencia, igualándolo al tipo superreducido (4%); y señala que "jamás" deberían prevalecer los criterios económicos sobre los criterios técnicos de atención".

    "Era una ley novedosa, con muchas incógnitas, que se hizo en una época de bonanza pero se aplicó en una situación de crisis. Intentamos aportar un granito de arena a lo que puede ser una futura ley o unas futuras reformas dentro de la misma ley", ha explicado el presidente de AESTE.

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