FONDO BECAS SOLEDAD CAZORLA
MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -
La subida de la pensión de orfandad de los hijos de las víctimas mortales de violencia de género, aprobada por ley y que entró en vigor el pasado mes de marzo, todavía no es efectiva para muchas de las familias de las asesinadas en el pasado, según ha denunciado la Fundación Mujeres. Esta fundación gestiona el Fondo de Becas Soledad Cazorla, que ofrece ayudas económicas a estos afectados desde 2016 a través de donaciones privadas.
"El problema con la ley es que todavía no es efectiva, al menos con los casos de asesinatos antiguos", ha aseverado la directora de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, durante una rueda de prensa convocada para presentar el tercer informe anual sobre los huérfanos de la violencia de género. Según datos oficiales, desde 2013 hasta el día de hoy se han contabilizado 243 menores de edad huérfanos por este tipo de violencia contra sus madres.
Desde la Fundación Mujeres han asegurado que aún están "a la espera" de que se precisen las condiciones del cobro de esta prestación contemplada en la ley de mejora de la pensión de orfandad de los hijos de víctimas de violencia de género, que entró en vigor el pasado 3 de marzo, y que elevó la cuantía de los 197 euros a un mínimo de 710. "Pedimos celeridad en esta cuestión", ha incidido Soleto, dirigiéndose al futuro Gobierno. Según ha insistido, todavía se desconocen los mecanismos para poner en marcha las medidas de la ley.
Según ha explicado el promotor del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, Joaquín Tagar, las familias beneficiarias tienen que solicitar esta prestación para poder cobrarla. Para evitar eso, ha pedido a la Seguridad Social que "actúe de oficio" para proceder a su concesión de manera rápida.
"Las familias no tienen instrumentos para solicitar ese beneficio al que tienen derecho. Existe la ley, y la Seguridad Social debería estudiarla con detenimiento y hacer que se aplique", ha apuntado Tagar, quien ha recalcado que "no se va a disparar el déficit de la Seguridad Social. "Estamos hablando desde 2013 de 243 huérfanos, y si vamos más atrás, serán 500 o 600, esto no es un gran quebranto", ha insistido.
LAS PROPIAS FAMILIAS TIENEN QUE SOLICITARLA
Tanto Soleto como Tagar han reivindicado la puesta en marcha de la ley, y que no se aplique únicamente a través de las peticiones de las propias familias o de la vía judicial. "Hemos encontrado casos en los que tenía derecho a determinada prestación social, pero la Seguridad Social les exigía que la pidieran vía judicial, teniendo en cuenta que eso conlleva gastos que las familias no pueden atender", sostiene.
Desde la fundación han realizado un formulario de solicitud para que varias familias pidan la prestación pero, según han señalado Tagar y Soleto, están a la espera de respuesta. Asimismo, han avisado de que hay casos en los que Administración está informando "mal" a quienes la solicitan.
En cualquier caso, para Soleto, esta cuestión es "prioritaria" y también ve "importante" que en todos los casos de crímenes machistas ocurridos en el pasado, que ahora y antes cumplen las condiciones previstas en la ley, tengan acceso a esa mejora de la prestación de orfandad creado en la ley.
"Entendemos que desde marzo hasta aquí ha habido lío en la Administración Pública, pero debe ser una prioridad poner orden para garantizar que los nuevos casos de asesinatos se abordan y se apliquen criterios de retroactividad", ha subrayado la jurista.
Asimismo, aunque ha afirmado que la ley supone "una mejora considerable para algunos de los casos afectados por violencia de género", ha avisado de que no se incluyen todos. "Se quedan fuera algunos por los que vamos a seguir trabajando para que existan ayudas reparación del daño", ha manifestado.
Algunos de los familiares y huérfanos por este tipo de violencia perciben una ayuda económica privada a través del Fondo de Becas, que desde su creación ha tramitado ayudas por valor de más de 52.000 euros para 16 familias. Sin embargo, por el momento ninguno de ellos se ha beneficiado del aumento de la pensión de orfandad previsto por la ley que entró en vigor hace tres meses.
ANIMAN A LAS CCAA A CREAR AYUDAS
Estas ayudas --privadas y estatales-- son compatibles, al igual que lo serían las ayudas que pueden establecer desde las distintas comunidades autónomas. En este sentido, desde la fundación han animado a los distintos territorio a que estudien la puesta en marcha de ayudas que suponen "una mejor económica muy importante" para estas familias que, en su mayoría, tienen muchas "dificultades" al tener que asumir gastos escolares y de otro tipo tras el crimen machista.
Tal y como refleja el informe, Castilla y León ya ha desarrollado instrumentos económicos para los huérfanos; así como Baleares, Castilla La-Mancha y Galicia. Según se destaca en el estudio, algo más de 73% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas tenían hijos o hijas mejores.
Otra de las peticiones reflejadas en el informe es la necesidad de exenciones fiscales para las familias y las ayudas económicas que perciban por este motivo para que esté exentas de tributación. Otra de las solicitudes es una mejora de las estadísticas para dar seguimiento a la situación de estos menores y su realidad no desaparezca o se limite al momento del crimen, como sucedía "antes", tal y como ha lamentado Tagar.
Fundación Mujeres y el Fondo de Becas también reivindican que, a nivel europeo, se elabore un análisis del sistema de reparación del daño de estas familias. Entre otras cosas, han pedido que se revisen todos los mecanismos que "estén obstaculizando" las medidas de protección para los menores.
En este sentido, han vuelto a reclaman la suspensión de la patria potestad en los casos en los que el padre esté acusado de un delito relacionado con la violencia de género. "Un maltratador no es un buen padre", ha recalcado Soleto, quien ha abogado por garantizar que no haya contacto con el agresor durante el juicio y posteriormente.
Con este objetivo, ha dicho que pedirá al Parlamento Europeo que se avance en medidas en esta línea porque, según ha defendido, las relaciones paternos filiares "en sí mismas no pueden ser contenido del interés superior del menos si realmente no produce un bien".
"Hay que suspender de forma provisional la patria potestad, lo mismo que entran en prisión provisional", ha argumentado Joaquín Tagar, que ha asegurado que muchos de esos niños necesitan ayudas tras el crimen de sus madres, como por ejemplo de carácter psicológico y, sin embargo, si el padre sigue teniendo la patria potestad "puede vetarlas". "Que sea automática la suspensión", ha remarcado.
