MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno está ultimando el diseño de la llamada "tarjeta social universal" un título que se expedirá a los ciudadanos para acreditar las prestaciones sociales que reciben, ya sean ayudas del ayuntamiento, de la comunidad autónoma o del Estado, y recogerá información sobre su perfil de beneficiario, a fin de tener un mapa de la cobertura de este tipo de servicios sociales, mejorar la coordinación entre administraciones y evitar duplicidades.
La creación de una tarjeta social fue un acuerdo de la Conferencia de Presidentes autonómicos en enero de 2017 e inmediatamente se alzaron voces críticas con la iniciativa, por entender, como era el caso de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que se trataba de un "carné para pobres" y que suponía volver "al Padrón de la Beneficencia" que disponían los ayuntamientos en la primera mitad del siglo pasado.
Sin embargo, desde el Ejecutivo se ha venido defendiendo que se trata de una iniciativa que mejorará los servicios a los ciudadanos porque permitirá conocer en tiempo real, el alcance de las prestaciones sociales públicas y el impacto que tienen en los ciudadanos en función de variables como su situación familiar, destapando así las situaciones de mayor vulnerabilidad para tomar medidas al respecto.
En abril del año pasado, creó un grupo de trabajo con representantes del Estado y las comunidades y ciudades autónomas para diseñar esta tarjeta social universal, cuyos avances han conocido este miércoles en una reunión la ministra de Empleo, Fátima Báñez; la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro; el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal; y la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.
Según ha informado Empleo, el sistema de Tarjeta Social Universal "incluirá todas las prestaciones de contenido económico" gestionadas por administraciones públicas e incorporará "las situaciones subjetivas de los beneficiarios, entre otras las familias numerosas, personas con
discapacidad, la condición de trabajador autónomo o jóvenes inscritos en
la garantía juvenil".
"De esta forma la Tarjeta Social Universal permitirá acreditar su situación antes las Administraciones Públicas o ante terceros para ser beneficiarios de políticas sociales", dice en un comunicado.
Explica que el sistema ofrecerá a su vez a esas administraciones "un mapa de prestaciones y una herramienta de análisis estadístico que les va a permitir detectar con precisión las situaciones que requieren actuaciones públicas mejorando la coordinación entre las políticas de empleo y las políticas sociales".
"La Tarjeta Social Universal permitirá asimismo ampliar los mecanismos de participación, a través de un sistema abierto que permita sumar programas también del tercer sector y entidades públicas y privadas a través de la responsabilidad social corporativa", añade.
La Federación Estatal de Municipios y Provincias aprobó en junta de gobierno el pasado 30 de enero su apoyo a este proyecto, que ha sido llevado además por el Gobierno a una de las mesas de diálogo que mantiene abiertas con los agentes sociales.
