MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha vetado la tramitación parlamentaria de la ley registrada por el PSOE para crear un fondo estatal de accesibilidad universal, alegando que supondría un aumento de los créditos presupuestarios de 75,44 millones de euros. La Mesa del Congreso, con el voto de PP y Ciudadanos, aceptó este martes el escrito de disconformidad del Ejecutivo.
La norma socialista, registrada el pasado mes de diciembre, pretendía lograr un compromiso del Gobierno para financiar "la consecución efectiva y real de la accesibilidad universal" a través de estrategias, iniciativas, programas, proyectos y acciones que garanticen a las personas con diversidad funcional el pleno ejercicio de sus derechos políticos, sociales, educativos, culturales y económicos.
Estos proyectos propuestos por el PSOE supondrían, según explica el Gobierno, inversiones en carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, hidráulicas y costas y medioambientales, entre otros. Todas ellas sumarían, trasladadas a los Presupuestos Generales del Estado de 2017, el montante que calcula el Ejecutivo y que supera los 75 millones de euros para el Estado.
TAMPOCO ACEPTA INVERTIR EL 1% DE LOS CONTRATOS DE OBRA
Del mismo modo, los socialistas pedían que se aportara a este fin el 1 por ciento del presupuesto total de ejecución de cada contrato de obra, servicio o suministro público adjudicado por la Administración General del Estado y por el resto de entes del sector público, así como el 1 por ciento del presupuesto total de ejecución, si la obra o el servicio público se construye y explota en virtud de concesión administrativa u otras modalidades similares.
"Por lo tanto, indicativamente el 1% de los contratos adjudicados por el Estado sería superior a 75 millones de euros, con los que se dotará un fondo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con lo establecido en la iniciativa. La partida destinada a dicho fondo constituye un incremento de gasto público", apunta el escrito redactado por el Ejecutivo en este sentido.
El Ejecutivo se acoge así al artículo de la Constitución que le otorga la capacidad de bloquear la tramitación de iniciativas legislativas que altere su política presupuestaria, ya sea por suponer un aumento de gasto o una disminución de los ingresos.
