MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Justicia en funciones, Manuel Jesús Dolz, ha reclamado este jueves una mejora de la coordinación institucional para lograr "una respuesta penal más eficaz" frente a los delitos de odio y la protección integral de las víctimas. A su juicio, el castigo de estas conductas que atentan contra la libertad y la igualdad responde a una "imperiosa necesidad de higiene penal democrática".
Así lo ha manifestado durante la reunión de la Comisión de Seguimiento del acuerdo interinstitucional contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia. Asimismo, ha abogado por trabajar en iniciativas en el plano normativo, fundamentalmente de reforma del Código Penal.
Para el secretario de Estado, la colaboración entre instituciones del Estado y la sociedad civil es esencial para combatir y perseguir los delitos de odio que "destruyen el fundamento del orden político democrático y su paz social".
En los tres años y medio de actividad de la Comisión, cuya secretaría ejerce el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a través del Observatorio español del racismo y la Xenofobia (Oberaxe), se ha realizado un análisis de las sentencias relacionadas con delitos de odio correspondientes al periodo 2014-2017.
En él se recogen las características de las víctimas y los agresores, así como la resolución de cada caso. Se trata de información muy valiosa que va a permitir mejorar los sistemas de información, garantizar la disponibilidad de los datos para el análisis de la realidad y asegurar la trazabilidad de los casos entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las fiscalías y los juzgados.
Dentro de los delitos de odio, preocupa especialmente el discurso de odio en Internet, una materia sobre la que los ministros de Justicia europeos del Grupo Vendme intercambiaron impresiones en la reunión que celebraron en el Ministerio de Justicia el pasado 3 de junio. Al respecto, el secretario de Estado ha señalado que se está trabajando en un acuerdo marco entre instituciones públicas, sociedad civil y proveedores de servicios de Internet para avanzar en medidas concretas que atajen el discurso de odio online.
Durante la reunión, se han revisado los programas de formación de que disponen los ministerios y otras instituciones para abordar las diferentes formas de intolerancia. Además, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo, ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la capacitación de los profesionales que trabajan con los colectivos más vulnerables.
