MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
La proposición de ley para formar a los jueces en materia de igualdad será la primera iniciativa legislativa que el PSOE defenderá en el Pleno del Congreso tras llegar al Gobierno, según ha anunciado este jueves la nueva portavoz del grupo parlamentario, Adriana Lastra.
La diputada ha explicado se trata de una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) "para que todos los operadores jurídicos tengan formación en violencia de género". "Era uno de los acuerdos del Pacto contra la violencia machista que el anterior Gobierno incumplió", ha precisado en declaraciones a los medios.
Los socialistas registraron esta iniciativa una semana antes de que se hiciera pública la sentencia por abusos sexuales a los cinco miembros de 'la manada' y en ella se recogen "todas las medidas" del pacto de violencia machista en materia de "formación, ascenso y criterios de trabajo de la judicatura, la magistratura y el Ministerio Fiscal".
"El objetivo es que la Administración de Justicia trabaje con criterios de interpretación correctos de género para interpretar la violencia, poder tratarla procesalmente y emitir pronunciamientos justos", explicó durante la presentación de la iniciativa la actual vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo.
Precisamente, la presencia de esta medida en el pacto es lo que ha llevado a la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, a adelantar que el voto de su grupo será favorable a esta propuesta.
TAMBIÉN PIDEN MODIFICAR EL CÓDIGO CIVIL
El PSOE presentó esta iniciativa en un 'pack' con el que buscaba convertir en medidas legislativas todas las iniciativas del pacto de violencia machista que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no estaba cumpliendo.
Así, también se registró una propuesta de ley para reformar el Código Civil. Los socialistas explicaron que, a su juicio, para tocar asuntos como el régimen de visitas a los hijos de los hombres sentenciados por violencia de género "se requiere una reflexión conjunta con el resto de grupos de la Cámara"; así como la de la Ley de Bases de Régimen Local que devolvería las competencias en violencia de género a los consistorios.
