MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha solicitado al Congreso habilitar el mes de enero para poder aprobar, entre otras, la Ley de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, bautizada como 'Ley Rhodes', el apellido del pianista británico afincado en España; o la ley sobre capacidad jurídica de las personas con discapacidad, entre otras.
En concreto, el Ejecutivo ha registrado varios escritos en la Cámara, a los que ha tenido acceso Europa Press, solicitando que "se celebren las sesiones extraordinarias de los órganos parlamentarios que sean necesarios para la tramitación y aprobación" de un total de cuatro iniciativas legislativas.
Pese a tramitarse por el procedimiento de urgencia, está pendiente de aprobación la Ley de protección integral a la infancia frente a la violencia, que llegó al Congreso en junio, pero cuyas enmiendas parciales no se registraron hasta octubre. Ahora, el Gobierno ha pedido que se aproveche enero para estudiarlas primero en ponencia y luego en comisión.
En este caso, al tratarse de una ley de carácter orgánico, la iniciativa no podrá ser remitida directamente al Senado desde la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, sino que tendrá que volver a pasar por el Pleno del Congreso, lo que podría suceder a finales de enero.
Esta norma, que lleva al firma de la Vicepresidencia que ocupa el líder de Podemos, Pablo Iglesias, aumenta el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, que, cuando entre en vigor se empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años. Ahora lo hace cuando alcanza la mayoría de edad y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.
Otra de las leyes que el Gobierno quiere que se aprueben en el primer mes de 2021 es la que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica.
Los grupos registraron sus enmiendas a principios de diciembre tras escuchar a los expertos que desfilaron por la Comisión de Justicia y la previsión es que la norma pueda remitirse al Senado antes de que acabe enero.
Por otro lado, las medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género durante la pandemia de Covid-19, aprobadas por el Gobierno en marzo, llevan en vigor desde entonces, pero el Congreso acordó tramitar ese decreto como proyecto de ley.
En este caso, las enmiendas parciales se registraron en junio, pero luego, aunque también se tramitaba por la vía de urgencia, no se dio ningún paso más. Ahora la idea es analizarlas en ponencia y comisión y mandar la norma al Senado antes de que acabe enero.
