MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
Organizaciones especializadas contra la trata ven positivo que las víctimas de trata con fines de explotación sexual y las mujeres que ejercen prostitución en contextos de vulnerabilidad tengan garantizada una alternativa habitacional, así como el ingreso mínimo vital que el Gobierno tiene previsto aprobar para frenar el impacto de la pandemia del Covid-19. Eso sí, han urgido al Ministerio de Igualdad a que desarrolle "con urgencia" los requisitos y criterios de acceso a las mismas.
Tres entidades especializadas --Adoratrices, APRAMP y Diaconía-- se han reunido este viernes, 24 de abril, con la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell. Según han informado las organizaciones, la reunión "ha sido muy constructiva" y "se ha desarrollado en un ambiente receptivo y amable".
El encuentro ha estado motivado por la ampliación del Plan de Contingencia contra la violencia de género ante el COVID-19, mediante el que el Gobierno va a ampliar la protección de las víctimas de trata, las víctimas de explotación sexual y las mujeres en contexto de prostitución, también si están en situación administrativa irregular.
En relación a dicha ampliación del Plan, las ONG han solicitado a la delegada del Gobierno que "se aclare la confusión generada". Tal y como han precisado, "se ha interpretado" que son las entidades las encargadas de canalizar el acceso a las nuevas medidas anunciadas (ingreso mínimo vital y alternativa habitacional) en la ampliación del Plan de Contingencia.
Al respecto, han reclamado a Igualdad una aclaración del objetivo de los teléfonos 24 horas de las entidades especializadas --entre los que no está la gestión del acceso a esas medidas--, al tiempo que han pedido "el establecimiento de canales concretos de información para el acceso" a las ayudas de alternativa habitacional e ingreso mínimo vital.
Además, han expresado su "malestar" y han solicitado la rectificación del Ministerio de Igualdad por "la desafortunada redacción de uno de los párrafos del documento de la ampliación del Plan de Contingencia contra la violencia de género ante la crisis del COVID-19. En él, se afirma que las entidades y ONG especializadas han paralizado su actividad durante el Estado de Alarma y, con ello, han expuesto a las mujeres a un escenario de vulnerabilidad y desprotección de derechos.
"Esta afirmación, así como su difusión en redes sociales, nos parece muy desacertada puesto que tal y como se formula está responsabilizando a las entidades de la situación de vulnerabilidad y desprotección de derechos", han incidido. Según han informado las ONG, el Ministerio de Igualdad se ha comprometido a la rectificación "de la desafortunada redacción del documento y su difusión en redes sociales".
Las organizaciones han destacado el trabajo que han continuado prestando desde la declaración del Estado de Alarma, "ofreciendo atención integral especializada a través de los servicios de detección, alojamiento seguro en centros de acogida, atención en pisos tutelados y atención ambulatoria".
Además, han subrayado el "gran esfuerzo" realizado al ampliar su respuesta "para atender necesidades básicas, facilitar nuevas plazas de alojamiento de emergencia y entregar materiales de protección contra el virus. "Todo esto sin apoyo extraordinario", sostienen.
Con todo, tal y como han informado las ONG, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha comprometido a dar participación a las entidades e instituciones públicas, a través del Foro Social contra la Trata, para hacer aportaciones a los documentos que van a desarrollar las medidas incorporadas en la ampliación del Plan de Contingencia.
