MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Plan Concertado de Servicios Sociales, creado en 1988 para desarrollar una red básica de protección en el ámbito local, cumple ahora 30 años con la inversión del Estado bajo mínimos, pues de un coste estimado en cerca de 1.000 millones de euros anuales, la Administración General "sólo financia un 2,9%".
Así lo denuncia un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales con datos oficiales. Explica que este plan contempla una colaboración económica y técnica para el desarrollo de esta red local, así como un intercambio de información que 30 años después, adolece de recursos.
La red de centros de servicios sociales, albergues y centros de acogida que financia este Plan está implantada en 5.610 municipios, con una población de 41,6 millones de habitantes (94,7% de la población española, aunque en 2005 llegó a alcanzar al 99,2%), de acuerdo a los datos que ofrece la organización.
En total, 5,8 millones de personas reciben alguna Prestación Básica a través de esta red, que en momentos álgidos de la crisis económica llego a dar prestaciones a 7 millones de personas. Así, por ejemplo, 432.000 personas reciben atenciones domiciliarias, más de 8.000 personas se alojan cada año en las 900 plazas de albergues y centros de acogida financiadas en esta red local, y 29.000 personas han encontrado empleo a través de las intervenciones de los centros de servicios sociales.
La asociación explica que si bien en inicio se fijó la voluntad de financiar a terceras partes el coste de la red entre ayuntamientos, comunidades y Estado y que en los años 90 la Administración General llegó a asumir el 25% de la financiación, "de manera continuada" se ha ido retirando: De un coste en 2016 de 944 millones de euros, el Gobierno puso un 2,9% (27 millones) mientras las comunidades aportaron el 34% (321 millones) y los ayuntamientos el resto (63%, 597 millones).
"Hay que reivindicar el modelo de 'Pacto' que supone no solo de cohesión social sino también un modelo de cohesión territorial en el que la presencia de la Administración General del Estado se basa en el consenso y en su implicación efectiva como garante de condiciones básica de igualdad para todos sus ciudadanos, sea cual se su lugar de residencia", dice la organización, que critica su "deslealtad en materia de financiación, y su falta de liderazgo técnico" en este ámbito.
