MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
Unidos Podemos quiere que las mujeres víctimas de violencias machistas queden exentas de pagar una tasa para exámenes y/o oposiciones de acceso a la Función Pública Estatal. Así lo recoge en una proposición no de ley que lleva el miércoles a debate y votación de la Comisión de Hacienda del Congreso.
La iniciativa, reclama las modificaciones legislativas necesarias para que esta medida se establezca con "carácter general" y para que recoja todas las convocatorias correspondientes.
Se trata de facilitar el acceso al empleo público a estas mujeres, según explica el grupo confederal en la iniciativa registrada, recogida por Europa Press. El objetivo es incluir este colectivo a los que ya gozan de una exención total o parcial de estas tasas, como son las personas sin empleo, las personas con discapacidad o las víctimas de terrorismo.
De contar con el apoyo de la mayoría de los grupos en el Congreso, se uniría a otro acuerdo, al que se ha llegado recientemente en la Cámara, para establecer una reserva del 2% de las plazas de empleo público para las mujeres que han sido víctimas de esta lacra.
EXTENDERLO A TODAS LAS VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER
Pedo, además, Unidos Podemos llama a ampliar la ley, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para reconocer la condición de víctima de violencia machista más allá de la existencia de una sentencia judicial firme, de manera que se abra esta posibilidad a más víctimas.
"La nueva regulación debe tender a un nuevo concepto de víctima de violencia machista, según lo establecido en el Pacto", apuntan los de Pablo Iglesias, para recordar que este acuerdo extendió la violencia machista fuera del ámbito de la pareja o expareja, incluyendo dentro de esta lacra la mutilización genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual, el aborto forzado, la esterilización forzada o la violación, entre otros casos.
Esta medida deberá, posteriormente, tratarse en una agenda pública, según proponen los 'morados' en su iniciativa, para tratar la materia con autonomías y entidades locales, de forma que estas administraciones desarrollen también una adaptación de sus normativas a este nuevo criterio.
