MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
Solo el 31 por ciento de los procedimientos judiciales tiene en cuenta la discapacidad intelectual de la persona juzgada, un hecho que deja a estas personas en "situación de indefensión", tal y como se desprende del informe 'A cada lado' sobre la población reclusa de este colectivo, realizado por Plena inclusión a partir de las respuestas de 367 personas con discapacidad de 14 comunidades autónomas y Ceuta que son o han sido reclusas en un cuestionario de 241 preguntas.
El estudio, presentado este miércoles, 19 de junio, en unas jornadas sobre acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en Logroño, revela que la mayor parte de estas personas proceden de entornos de exclusión y que, junto a su discapacidad intelectual, padecen problemas de salud mental o conducta y situaciones de drogodependencia, lo que, a juicio de Plena inclusión, origina unas necesidades de apoyo extensas y complejas, según ha informado.
Asimismo, evidencia que existe "una falta de apoyo" a este grupo de personas desde la prevención del delito y el procedimiento judicial, hasta el ingreso en prisión y los procesos de reinserción en la sociedad, según ha informado la organización.
En este sentido, el informe pone de manifiesto que el actual sistema "adolece de procesos específicos de prevención del delito para estas personas, así como de acompañamiento y apoyo durante el procedimiento judicial, el cumplimiento de la pena (con las adaptaciones que son necesarias), y los procesos de reinserción y retorno a la comunidad.
El documento también muestra que la estancia previa en un centro de menores es "un factor de riesgo" para la comisión de delitos en la edad adulta, así como que previamente a la comisión del delito, un 51 por ciento de estas personas contaban con un certificado que acreditara su discapacidad, pasando desapercibidas en los sistemas de protección sanitario, educativo y social, entre otros.
Asimismo, el 86 por ciento de las personas con discapacidad intelectual reclusas no han tenido contacto con el movimiento asociativo de la discapacidad antes de ingresar en prisión; mientras que un 53,9 por ciento son drogodependientes, de los cuales el 27,1 por ciento accede a tratamientos de rehabilitación.
Por otra parte, el 89 por ciento de las condenas a personas con discapacidad intelectual consisten en penas privativas de libertad y el ocho por ciento corresponden a medidas de seguridad (privativas y no privativas de libertad).
El informe revela, además, que el 94 por ciento de las personas entrevistadas cumplen su condena en centros penitenciarios, así como que en el tres por ciento de los casos se suspenden o sustituyen las penas.
El estudio también recoge que el 55 por ciento de las personas con discapacidad reclusas no han solicitado nunca un permiso y que el 66,9 por ciento no han pedido una salida terapéutica. Por otra parte, indica que el 16,3 por ciento accede a formación para el empleo un 16'3 por ciento.
En este sentido, Plena inclusión ha lamentado la "repetición de errores y fallos" en el sistema judicial español que, en su opinión, vulneran los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito penitenciario. Asimismo, ha abogado porque estos derecho estén garantizados por mandato de la Convención de Naciones Unidas que firmó España en 2008.
La responsable del Departamento Jurídico de Plena inclusión y una de las autoras del informe, Inés de Araoz, ha explicado que las personas con discapacidad intelectual reclusas o exreclusas se convierten en "invisibles" para el sistema judicial "al no contar con los apoyos necesarios" para "comprender los riesgos y consecuencias de sus actos".
Asimismo, ha añadido que estas personas se enfrentan a experiencias de "salto al vacío", tanto cuando han sido privadas de su libertad como al abandonar los centros penitenciarios que, a su juicio, les abocan a un alto porcentaje de fracaso en el proceso de reinserción social.
REIVINDICACIONES HISTÓRICAS
Por otra parte, actualmente, Plena inclusión atiende a casi 1.700 personas con discapacidad intelectual reclusas o exreclusas en el marco de su programa de intervención en centros penitenciarios.
Así, la organización ha reclamado adaptaciones en 'lectura fácil' (metodología de fácil comprensión), de los contenidos de formación para el empleo y programas de intervención desarrollados en los centros penitenciarios, para que sean más accesibles a la población reclusa con discapacidad intelectual.
Plena inclusión también ha reivindicado que se creen espacios, fuera de las prisiones, en los que estas personas puedan cumplir sus penas o medidas de seguridad, como una alternativa a su ingreso en prisión.
