MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSOE buscará apoyos para que el Pleno del Congreso apruebe la próxima semana una proposición no de ley en la que apremia al Gobierno a garantizar a todas las personas valoradas en situación de dependencia unos servicios y prestaciones adecuados, reduciendo la lista de espera existente en la actualidad.
Como primera medida para lograr esta petición, los socialistas llaman al Ejecutivo a "recuperar la financiación que el Sistema Nacional de Dependencia ha ido perdiendo a lo largo de los últimos años como consecuencia de los recortes".
La portavoz del PSOE en esta materia, Elvira Ramón, ha explicado, en este sentido, que el problema es que el Estado está financiando menos del 20 por ciento de estas ayudas, cuando, por ley, debería estar aportando el 50 por ciento, de forma igualitaria con las comunidades autónomas. Según ha apuntado, las autonomías se están encargando ahora del 80 por ciento, lo que lleva al sistema a estar "abocado al fracaso".
Para la diputada, un tema tan importante como el cuidado de los ciudadanos requiere de una partida económica que lo sustente "haya o no haya presupuestos", pues las consecuencias es dejar "a miles de personas en el limbo". En concreto, según ha señalado Ramón, son 310.000 los pacientes que siguen esperando por la prestación a la dependencia que les ha sido concedida por la Administración.
ACUERDOS CON LAS CC.AA.
Pero, además, el PSOE pide impulsar un pacto entre la Administración General el Estado y las comunidades autónomas para acabar con esta situación "antes de dos años" con sus compromisos de financiación.
En este sentido, llama a iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para establecer un nuevo modelo de financiación estable del Sistema en el marco de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), en función del coste real de los servicios y de las prestaciones concedidas.
Además, reclama velar por la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia, garantizando información actualizada y completa que permita, a la propia Administración y a los agentes y entidades sociales, su seguimiento y control.
