La anulación de la voluntad de la víctima está recogido en el mismo artículo por el que se condenó a 'La Manada' en el caso de Pamplona
MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El PSOE urge al Gobierno a combatir el incremento del uso de
drogas que facilitan los ataques a la libertad sexual y le llama a valorar la conveniencia de incrementar las penas en el límite inferior para estas conductas.
A través de una proposición no de ley, que los socialistas llevan a votación la próxima semana en el Congreso, los de Pedro Sánchez recuerdan que España no ha cumplido con las recomendaciones de la ONU, en las que sugiere al Estado que introduzcan en sus legislaciones "circunstancias agravantes en los casos en que se administren subrepticiamente sustancias psicoactivas para cometer una agresión sexual".
Actualmente, según explica el PSOE en el texto recogido por Europa Press, la sumisión química está recogida en el Código Penal, dentro del apartado de abusos sexuales y, se podría aplicar a estos casos el artículo 181 del Código Penal, el mismo por el que se condenó a 'La Manada', y que contempla penas de uno a tres años para quien "sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare
actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona".
"Este artículo considera la anulación de la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia
natural o química idónea, previendo que cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de cuatro a diez años", apunta el PSOE.
MEDIR EL ALCANCE DEL FENÓMENO
Además, la iniciativa, registrada en octubre del año pasado, también llama a realizar un estudio sobre el impacto de los ataques a la libertad sexual facilitada por administración de estas sustancias psicoactivas.
Los socialistas quieren que se elaboren "indicadores estadísticos" para medir el alcance del fenómeno, descubrir el 'modus operandi' de los que usan estos medios para atentar contra la libertad sexual e identificar las sustancias psicoactivas utilizadas e incorporar a los boletines sobre criminalidad del Ministerio del Interior y los Boletines estadísticos de la Delegación del Gobierno para la Violencia los datos obtenidos.
Del mismo modo, se llama a fomentar una campaña para incentivar que las víctimas busquen asistencia y servicios de análisis a la mayor brevedad, así como a adoptar medidas para concienciar al público --segmentos más vulnerables, profesionales de la salud y administraciones-- acerca de la forma de actuar de los agresores y sobre los recursos que tienen las víctimas.
UNA LEY CONTRA EL ACOSO
En la misma sesión, la Comisión de Igualdad debatirá otra iniciativa relacionada con los delitos sexuales y, más concretamente, el acoso. Se trata de una propuesta de Unidos Podemos que reclama al Ejecutivo la redacción de una ley específica que garantice los derechos de las mujeres víctimas de dicho acoso "incluyendo una perspectiva interseccional".
Los morados reclaman mecanismos de coordinación para elaborar planes de formación específica a las personas que forman parte de los departamentos de recursos humanos en las empresas públicas, privadas
y de la Administración Pública en materia de acoso y realizar campañas de sensibilización e información sobre este delito, así como de los procedimientos de denuncia existentes.
Se trata de una proposición no de ley, firmada entre otros diputados por sus portavoces de Igualdad, Sofía Fernández Castañón y Ángela Rodríguez, en la que recoge uno de los votos particulares que el grupo confederal logró incluir, con el apoyo de la mayoría de la Cámara, en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista.
Las diputadas denuncian que el acoso sexual contra las mujeres constituye "un obstáculo para el ejercicio de sus derechos" y que invisibilizar o negar este obstáculo "sería una pérdida de oportunidad para el desarrollo democrático del país".
