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MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La directora del Centro de Estudios Políticos Constitucionales (CEPC), Yolanda Gómez, ha pedido en el Congreso "reflexión" a la hora de cambiar el término 'disminuido' de la Constitución por otra definición, porque la elegida puede dejar "espacios sin cubrir" jurídica y legalmente.
"Se trata de que los términos en la Constitución permitan después que se haga el derecho que se debe hacer", ha declarado Sánchez durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas de Discapacidad de la Cámara.
A petición del propio órgano, la experta en derecho constitucional ha sido reclamada en el Congreso como asesora para la reforma del artículo 49 de la Carta Magna, con el objetivo de que su redacción elimine términos como 'disminuido' y su redacción se adapte a la Convención de la ONU en materia de derechos de las personas con discapacidad.
En su intervención, Sánchez ha propuesto un texto alternativo al actual, que recoge que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento y rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestará la atención especializada que requiera y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".
Para la experta, el nuevo redactado debe contar con tres párrafos. El primero recogería que "las personas con discapacidad o diversidad funcional física, psíquica o sensorial recibirá por parte de los poderes públicos una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración para el ejercicio de sus derechos constitucionales, adaptada a su necesidades y en términos de igualdad, sin que puedan sufrir discriminación.
UN TÉRMINO QUE NO INCIDA EN LA CAPACIDAD
De este asunto ha derivado un primer debate entre la compareciente y los portavoces parlamentarios. Tanto la diputada del PSOE, Marisol Pérez, como sus homólogos de PP y Ciudadanos, Pilar Cortés y Marcial Gómez, respectivamente, han pedido explicaciones acerca del uso del término "diversidad funcional".
En este sentido, Sánchez ha explicado que ella a usado la conjunción 'o' porque deberán ser los diputados en el Congreso quienes decidan qué término es el más adecuado.
A su juicio, personas con discapacidad "no debe ser objeto de reproche" ya que es el usado en la Convención de la ONU. Sin embargo, ha apuntado que diversidad funcional ha calado entre la sociedad e "intenta normalizar la situación" del colectivo ya que, existen críticos a usar una palabra relacionada con las capacidades.
"Discapacidad es un término más fuerte", ha indicado, para señalar que se puede interpretar como una desigualdad. Por su parte, ha explicado que diversidad "tiene un problema jurídico porque es muy indeterminado y muy abierto" si después se van a dar políticas sobre esta materia. "Merece una reflexión", ha insistido.
MENCIÓN EXPRESA A MUJERES Y HOMBRES
También se ha cuestionado el mantenimiento, en su propuesta, de los tipos de discapacidad --física, sensorial o psíquica-- que en una comparecencia anterior el Comité de Representantes de la Personas con Discapacidad (CERMI) había pedido retirar para una mayor representación del colectivo.
Al igual que con el término anterior, la directora del CEPC ha señalado que la no distinción de estos tres términos "es importante" porque "puede haber problemas coyunturales". "En técnica jurídica cada palabra importa, porque en derecho no hay palabras inocentes, cada palabra va a permitir después que el derecho se expanda más o menos, incida en uno u otro colectivo.
Otra de las peticiones que realizó el CERMI fue que se constitucionalizase la Convención de la ONU incluyéndola en el texto, una idea con la que Sánchez no ha coincidido porque podría quedar obsoleta en unos años si se llegan a nuevos acuerdos internacionales. Lo que sí propone es nombrarla o, incluso, incluir parte de su texto.
Así, propone un segundo párrafo para el artículo en el que, igual que la Convención, se recoja que "se considera discriminación las medidas específicas necesarias para acelerar o lograr la igualdad real de las personas con discapacidad". "A esto añadiría que se tomaran en consideración la situación específica de mujeres y hombres" porque "no son las mismas".
UN TÉRMINO ESTIGMATIZANTE
En un último tercer párrafo, la compareciente busca incluir la "vertiente objetiva" del texto, incluyendo que los poderes públicos deberán garantizar la plena integración política, social y económica del colectivo.
La portavoz de Unidos Podemos en este debate, la diputada de IU Isabel Salud, ha cuestionado a la directora de CEPC por la ausencia de palabras como inclusión, integración, autonomía o accesibilidad universal, que desde el CERMI también se solicitaron. En este caso, Sánchez dice que es "recelosa" con algunos términos, como el de autonomía, sobre todo "cuando buscan sustituir a la palabra libertad".
Sobre integración e inclusión, ha apuntado que "no son iguales jurídicamente", ya que la primera es "más fuerte" en el sentido de que obliga a los poderes públicos a implicarse más e influir en ello con sus políticas, mientras que la inclusión "puede quedarse en la acción del sujeto", es decir, que "se le impida" esa inclusión.
Finalmente, Sánchez ha propuesto la retirada de la expresión "y los ampararán especialmente" del artículo 49, al considerar que estigmatiza al colectivo y también puede confundir jurídicamente.
