MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha afirmado este martes en el Pleno del Senado que su departamento destinará 16 millones de euros en 2018 a un servicio de "teleasistencia avanzada" con herramientas como geolocalización o "telediagnóstico" para personas en situación de dependencia.
Montserrat se ha expresado así a preguntas del senador del Grupo Socialista, Nemesio de Lara Guerrero, quien directamente le ha "rogado" que restablezca las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de personas dependientes, asunto sobre el que la ministra no se ha pronunciado.
"Lo que le estoy haciendo explícitamente es un ruego: Por favor, reponga el derechos de las cuidadoras no profesionales a que sea la Administración del Estado, es decir, a que seamos todos quienes asumamos las cotizaciones de la Seguridad Social. Tenga altura de miras, esto en puridad no es política, es humanidad", ha dicho el senador.
Para la ministra, "es fácil hacer política cuando se dejan las facturas sin pagar", en relación a la deuda de más de mil millones que según ha afirmado, se encontró el PP cuando llegó al Gobierno en impagos de cuotas del Estado a la Seguridad Social.
Bajo su batuta, tal y como ha asegurado, el sistema tiene "mejor salud" que entonces, con "200.000 personas más" recibiendo algún servicio o prestación. "Se atiende al 75% de la población con derecho reconocido y los servicios profesionales se han incrementado un 12%, lo que significa 75.000 personas más trabajando en atención a la dependencia".
En esta línea, ha avanzado la mencionada inversión en teleasistencia, aunque no ha concretado si está sujeta o no a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y ha señalado que tras subir "un 5,26% las ayudas a dependencia", se van a seguir incrementando "un 10% en los próximos dos años para trabajar con las comunidades autónomas en la mejora y en la reducción de las listas de espera".
Por otra parte, Montserrat ha respondido a una pregunta del senador de Ciudadanos Tomás Marcos, quien ha criticado que vencido el plazo que se fijó en el 4 de diciembre de 2017, no esté aún garantizada la accesibilidad universal en los servicios públicos para las personas con discapacidad.
La ministra ha defendido que "no es competencia exclusiva del Gobierno" y en lo que a este respecta, se ha incidido en el acceso al empleo, pues hoy "están trabajando más personas con discapacidad que nunca" y se han formalizado 300.000 nuevos contratos en 2017.
En esta línea, ha afirmado que destinará dos millones de euros este año con cargo a lo recaudado de las cuentas bancarias durmientes (abandonadas) a "más formación y más empleo" de personas con discapacidad.
