MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Alianza por la Educación Inclusiva y contra la Segregación Escolar, integrada por Save the Children, Fundación Secretariado Gitano y CERMI, han denunciado que la futura ley de educación, la LOMLOE, conocida como 'ley Celaá', "sigue sin garantizar la educación inclusiva como un derecho de todo el alumnado sin excepciones".
Así lo indican de cara a este viernes, cuando la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados aprueba el informe de ponencia de la nueva Ley de Educación estatal conocida como LOMLOE, paso previo para que el proyecto llegue al pleno de la Cámara para su aprobación y envío posterior al Senado.
Aunque las organizaciones reconocen "mejoras" en aspectos como "la posibilidad de titular al alumnado con adaptaciones curriculares significativas, el reconocimiento del alumnado socioeconómicamente vulnerable y la recomendación a las Administraciones de evitar la segregación", echan en falta "una perspectiva exigente de derechos humanos, donde la inclusión y la no discriminación sean los pilares en los que se sustente la escuela española".
Para Save the Children, Fundación Secretariado Gitano y CERMI, el texto de la nueva ley de educación "no ofrece garantías en la libertad de elección de las familias con hijas e hijos con discapacidad para elegir la modalidad educativa, siendo la última palabra la de la administración".
Esto provoca, según señalan, "situaciones completamente desgarradoras de madres y padres litigando contra el Estado porque piden escolarizar a sus hijos en el sistema ordinario".
Esta cuestión fue motivo de una condena al Estado español por parte de Naciones Unidas a raíz de una denuncia individual de una familia de León, a la que se negó que su hijo estudiase en el colegio que ellos querían. La ONU dictaminó que España incumplió sus obligaciones respecto al derecho a la educación inclusiva, según recuerdan.
Las tres organizaciones consideran que la libertad de elección de centro es compatible con la equidad. Para ello, piden introducir mecanismos correctores concretos en el proceso de admisión que aseguren una distribución equilibrada del alumnado socioeducativamente vulnerable o con necesidad específica de apoyo educativo, como mínimos y máximos por centro, oficinas de acompañamiento en la escolarización o límites a la matrícula viva.
También consideran importante dotar a los centros de recursos para desarrollar las medidas de apoyo y acompañamiento adecuadas y suficientes para dar respuestas adaptadas a las necesidades de cada niño o niña.
"Todos los centros educativos deben ser accesibles y asequibles a todas y todos los estudiantes, y en este momento eso no pasa, pues el cobro de cuotas hace de barrera. Hay centros donde se 'invita' a las familias a optar por otro centro. Una parte ya lo es, pero es preciso que toda la escuela concertada sea corresponsable y para ello debemos asegurar que recibe los recursos suficientes", subrayan.
A cambio, añaden, la ley tiene que incorporar medidas "más contundentes" para garantizar la gratuidad y la no discriminación en la admisión, "controlando desde la inspección y endureciendo la sanción".
Además, sobre el plan a diez años para avanzar en la inclusión del alumnado con discapacidad que contempla el proyecto de ley, la Alianza considera necesario un Plan de Inclusión Educativa que vaya más allá de la discapacidad e incorpore a otros colectivos que también sufren segregación y exclusión en el sistema educativo, como alumnado gitano, de origen inmigrante o en situación de pobreza.
