Acceso a la Residencia y Centro de Día Orpea San Fernando de Henares el día en el que previsiblemente el geriátrico iba a ser desinfectado para prevenir el coronavirus. En San Fernando de Henares (Madrid), a 2 de abril de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha alertado este martes de que España pasará de tener seis millones de personas usuarias a diez millones antes de final de año 2020.
"Cuando afloren las peores consecuencias de esta crisis sanitaria se volverán a hacer evidentes sus efectos sobre la pobreza y la exclusión social en enormes sectores de población, a los que atenderemos en un sistema disperso y recortado al que no acaba de llegar ni la financiación suficiente ni los cambios normativos para aplicarla", ha manifestado.
En este sentido, pide establecer la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecución y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas, "porque los procedimientos administrativos son tan complejos y eternos que se vuelven ineficaces".
Además, aboga por aplicar el silencio administrativo positivo a todos los procedimientos que afectan a las personas en lista de espera de cualquier prestación (dependencia, rentas mínimas, PNC, ayuda a domicilio) y aprobar el Ingreso Mínimo Vital desde el Sistema de Rentas gestionada por la Seguridad Social, como una prestación universal no condicionada de derecho subjetivo y donde las rentas mínimas autonómicas le sean subsidiarias y complementarias.
Garantizar los proyectos de intervención con los menores y adolescentes en situación de riesgo; reorganizar el Servicio de Ayuda a Domicilio para ajustar con nuevas intervenciones a las personas beneficiarias y/o a otras nuevas usuarias y aumentar los servicios de teleasistencia domiciliaria para aquellos mayores de 65 años son otras de sus reclamaciones.
Asimismo, reclama asegurar la atención a las cien mil personas en situación de dependencia beneficiarias de centros de día, y monitorizar los datos de las residencias para implantar un sistema de alerta temprana y seguimiento (con habitaciones individuales), implantando un protocolo que garantice la atención sanitaria de los residentes desde los centros sanitarios públicos.
Por otro lado, quiere implementar planes integrales en zonas desfavorecidas o barrios vulnerables que posibiliten la convivencia positiva y la inserción social de sus poblaciones.
Promover la complementariedad de las acciones del tercer sector, desde la directriz de la administración pública, sobre los derechos de ciudadanía que garantiza el Sistema Público de Servicios Sociales, e incorporar a los equipos asesores de expertos de los gobernantes a especialistas en la gestión de los servicios sociales son otras de sus reivindicaciones.
Finalmente, apuesta por poner en la agenda pública los servicios sociales como cuarto pilar del Estado del Bienestar.
