Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas ha señalado que España tiene la estructura administrativa necesaria para "liderar" la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en materia de igualdad, incluidos en la Agenda 2030, pero advierte de que no cuenta con una estrategia nacional para ello.
Así se recoge en el informe de fiscalización realizado por este órgano y que comprende el periodo entre enero de 2016 y junio de 2018. El Tribunal participa en el programa 'Auditando los Objetivos de Desarrollo Sostenible' impulsado por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que tiene como objetivo que las entidades de control externo contribuyan a la consecución de los objetivos marcados por Naciones Unidas para los próximos 10 años.
En su informe, recogido por Europa Press, el Tribunal señala que, aunque el Ejecutivo español aprobó el Plan de Acción para conseguir los ODS en junio de 2018, las medidas de Igualdad debían estar acompañadas de un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021, según las recomendaciones de la ONU, que el país aún tiene pendiente de aprobar.
Las consecuencias de esta situación, ha apuntado el órgano que preside María José de la Fuente, es que no se están aprovechando instrumentos institucionales para la rendición de cuentas y seguimiento de las políticas de igualdad para lograr estos ODS. Tampoco se puede saber si algunos planes sectoriales que sí se han aprobado en esta materia están adecuadamente integrados.
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
El órgano fiscalizador señala, además, que la evaluación de impacto de género no se ha realizado en todos los departamentos. En concreto, no se han realizado en cuanto a ingresos y gastos de la Seguridad Social, ni para los ingresos de la Administración General del Estado. Durante el periodo de fiscalización, dice el informe sólo se aplicaron los programas de gasto con regularidad en la mitad de las secciones presupuestarias que corresponden a las secciones ministeriales.
Otros compromisos presupuestarios que tiene el Gobierno en esta materia, son los alcanzados en el Pacto de Estado contra la violencia machista. Este acuerdo compromete 200 millones de euros en las cuentas para 2018 --80 millones para la Administración central, 20 para ayuntamientos y 100 para las comunidades autónomas-- que irán aumentando hasta alcanzar los 1.000 millones en 2022.
Sin embargo, la fiscalización no ha encontrado 72,22 millones de euros de los que deberían estar en las cuentas de la Administración general y no los ha "identificado" en ningún programa de presupuestos, a pesar de que la Dirección General de Presupuestos alegó que dicha cantidad estaba repartida entre varios Ministerios --Interior, Justicia, Empleo o Hacienda-- debido a la transversal de la Igualdad.
Ante esta evaluación, el Tribunal de Cuentas ha redactado algunas recomendaciones dirigidas, tanto a la presidencia del Gobierno, como a los Ministerios de Igualdad y hacienda, con el objetivo de solucionar estas conclusiones que se incluyen en el informe y contribuir a la mejora de la organización de la gestión pública para alcanzar la Agenda 2030 y, en particular, el objetivo de desarrollo sostenible de igualdad de género.
