MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La vicesecretaria de UGT, Cristina Antoñanzas, ha exigido este lunes al Gobierno un "cambio de chip" en el diseño de políticas para promover la corresponsabilidad, pues si en la actualidad la legislación protege la ausencia de las mujeres de su puesto de trabajo para ocuparse de los cuidados, lo que debería a su juicio hacer es proteger su permanencia en el mercado laboral apostando, entre otras medidas, por el desarrollo de "infraestructuras públicas, asequibles y de calidad" donde delegar esas tareas.
Es una de las recomendaciones del informe 'La corresponsabilidad en las tareas de cuidados, una cuestión sin resolver' que ha presentado en rueda de prensa, un trabajo que pone el acento en ese cambio de enfoque que ya se estaría promoviendo, según Antoñanzas, en las instituciones europeas, conscientes de la necesidad de una "nueva dimensión de la organización del trabajo".
"Las tendencias marcadas desde las instituciones comunitarias de la UE se dirigen al incremento progresivo de los derechos de presencia en el trabajo, como el derecho de adaptación de jornada y ajustes del tiempo de trabajo y de las condiciones, así como al incremento de la permanencia en el puesto de trabajo y el fomento de la corresponsabilidad (...) con fomento de inversión pública en el cuidado de familiares, frente a los derechos de ausencia en el trabajo", expone el informe.
Sin embargo, según UGT, en España los derechos de conciliación siguen "centrados en la regulación de ausencias del puesto de trabajo y en el incremento de la duración de éstas", algo a su juicio que tiene efectos perniciosos pues son las mujeres quienes hacen uso mayoritario de este tipo de derechos, por lo que sobre ellas "recae el efecto negativo y discriminatorio que su ejercicio conlleva en el mundo laboral".
Detallan que la regulación del derecho a la adaptación de la jornada "no es el adecuado y resulta claramente insuficiente" porque al final, en palabras de Antoñanzas, es "un derecho ficticio" que queda en manos de la negociación colectiva o del acuerdo con el empresario. "No se está cumpliendo la Constitución Española. La conciliación es un derecho fundamental y debe garantizarse por ley", ha sentenciado.
Apuntan también a la regulación legal del contrato a tiempo parcial --modalidad donde son mayoría las mujeres-- y de la distribución irregular de la jornada de trabajo tras la reforma de 2012, que "hace impracticable la conciliación", junto a la nueva regulación de la movilidad geográfica o la configuración actual del permiso de maternidad, que "es insuficiente y no fomrnta la corresponsabilidad en las tareas de cuidados".
Reclaman medidas como reformar los permisos parentales como las excedencias por cuidado de hijos, que se contemplan en España hasta los tres años de edad, o las reducciones de jornada, que pueden cogerse hasta que el niño cumple 12 años, en lo que a su juicio es una limitación "torticera" del derecho objetivo creado en la Directiva europea sobre este asunto (2010/18/UE).
"Es evidente que los permisos parentales no retribuidos y sin cobertura de protección social desincentivan la corresponsabilidad, ya que en las unidades familiares en las que se cuenta con dos ingresos salariales, se renunciará siempre al de inferior nivel, que suele coincidir con el de las mujeres", plantea el sindicato.
Quiere que estos permisos sean remunerados así como implantar el permiso por nacimiento de hijo con carácter intransferible y obligatorio para las hombres, al menos durante el mismo periodo en que es prescriptivo para las trabajadoras.
Asimismo, el sindicato incide en el papel de las administraciones públicas en la corresponsabilidad y reclama "infraestructuras públicas, de calidad y asequibles" para los cuidados tanto de niños como de personas dependientes, servicios a los que según el INE querría acceder un tercio de los hogares, pero que en más de la mitad de los casos rechazaron porque "no podían permitírselo económicamente".
Denuncia, en este sentido, el "mal uso que está haciendo" el Gobierno de los Fondos Estructurales de la UE para crear o mejorar las infraestructuras de cuidado infantil 0 a 3 años, porque su reparto a las comunidades autónomas está derivando en "proliferación de 'casas nido'" en lugar de crear guarderías regladas.
