La Universidad Pontificia de Comillas exige una acción "inmediata" ante la "situación de emergencia" en la Cañada Real

   MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

   La Universidad Pontificia de Comillas ha exigido a las administraciones públicas y a las empresas involucradas una acción "inmediata y eficaz" ante la "situación de emergencia" en la Cañada Real, donde cerca de 4.500 personas, entre ellas, más de 1.800 niños, que viven en los sectores 5 y 6, llevan más de tres meses sin suministro eléctrico.

   "La situación de emergencia exige una reacción inmediata, estable y eficaz, que tenga en su horizonte los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el propósito de no dejar a nadie atrás", subraya la Universidad en un comunicado.

   Según precisa la Pontificia de Comillas, son "muchas las serias consecuencias --algunas irreparables-- que la falta de electricidad, principal fuente de energía en estos hogares, genera y son, por esta razón, numerosos los casos que día a día se conocen de riesgo para la vida y la salud de niños y adultos".

   En concreto, señala que la tormenta Filomena y el anticiclón que le está siguiendo han venido a "agravar las difíciles condiciones de vida" de quienes viven en la Cañada Real de forma añadida a las complicaciones debidas a la pandemia de COVID-19.

   La Universidad Pontificia Comillas, a través del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, el Instituto Universitario de la Familia, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño y la Clínica Jurídica ICADE, considera que "una situación de grave vulneración de derechos como la que están sufriendo los habitantes de la Cañada Real debe recibir respuestas inmediatas y estables".

   Estas respuestas, según precisan, atañen a todos: "las Administraciones Públicas a todos los niveles, estatal, autonómico y local, deben alinearse en la construcción de soluciones que pongan a las personas y su dignidad en el centro".

   Igualmente, hacen un llamamiento a "las empresas más directamente involucradas" que, "previa ordenación y coordinación de las administraciones públicas, superando las importantes limitaciones técnicas que se dan, y garantizando la seguridad de todos, deben contribuir también a solventar esta inadmisible situación"; y a la sociedad civil que "tampoco puede permanecer ajena a este grave problema".