MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
Representantes de organizaciones especializadas en la defensa de los Derechos Humanos han celebrado este jueves 15 de marzo que la iniciativa para derogar la prisión permanente revisable siga su curso en el Congreso de los Diputados, al tiempo que han tachado de "despótica" esta medida y han acusado al PP y a Ciudadanos de "populismo punitivo".
Tras rechazarse este jueves en el Pleno de la Cámara Baja las enmiendas de totalidad del PP y de Cs que pretendían mantener la medida, el Congreso seguirá tramitando la iniciativa del PNV que pide su supresión. La prisión permanente revisable, pena máxima que el PP instauró en 2015 cuando tenía mayoría absoluta, fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que aún tiene pendiente su sentencia.
Desde Rights International España, han señalado a Europa Press que en "ninguno de los códigos penales del siglo XX" se incluyó la prisión permanente, ni siquiera en los realizados en contextos políticos autoritarios. "Estamos asistiendo, una vez más, a políticas utilitaristas diseñadas para fomentar un clima de alarma entre la ciudadanía en lugar de una reforma del sistema penal coherente e informada", han destacado, incidiendo en que España es además "uno de los países con la menor tasa de criminalidad en Europa".
Para la organización, la introducción de la prisión permanente supondría "la reinstauración de la cadena perpetua" en el ordenamiento jurídico. Asimismo, considera que, si se aprueba, sería "imposible de conciliar con el objetivo resocializador" que recoge la Constitución española.
"En ausencia de un horizonte de libertad concreto y seguro, ni el penado, ni el propio sistema penitenciario, encontrarán motivación para trabajar en la rehabilitación y futura reinserción en la sociedad", apuntan. En su opinión, la prisión permanente revisable equivale "a poner en cuestión gravemente los valores" de la sociedad española y de la Carta Magna.
En esta misma línea se ha pronunciado el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Hernán Hormazábal Malarée, que ha defendido la supresión de esta figura que, a su juicio, "encubre la cadena perpetua". "Es un fraude. Estamos retrocediendo", ha manifestado en declaraciones a Europa Press, para después precisar que esta medida convierte a España en "el país europeo con penas privativas de libertad más duras".
Asimismo, considera que la prisión permanente revisable es "contraria" al mandato de la Constitución. De este modo, ha saludado que la Cámara Baja continúe el debate sobre su eliminación por si así se abre la posibilidad de revisarla: "Es una buena oportunidad para repensar varios aspectos del Código Penal", ha añadido.
"DEBATIR, REFLEXIONAR Y REVISAR"
Por su parte, Amnistía Internacional España se ha mostrado a favor de que "hay un debate, una reflexión y se revise" la regulación actual de la medida para saber si realmente es o no necesaria, según ha explicado a Europa Press la portavoz de la organización, Verónica Barroso.
Desde Amnistía Internacional, según ha dicho, no se ha pedido explícitamente la supresión de esta pena, pero sí se ha cuestionado que se incorporase en el Código Penal sin realizar un análisis previo de su impacto sobre los derechos de las personas condenadas.
Así pues, ha celebrado la permanencia del debate en el Congreso, ya que puede incluir una "evaluación" de las repercusiones de la medida, especialmente en la reinserción y educación del reo que es el objetivo. Porque para la organización, los "más preocupante" es que esta medida no sirva para dicha reinserción social y la reeducación del preso que es "el objetivo" del sistema penal español.
Por otra parte, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han denunciado el "populismo punitivo" del Partido Popular y de Ciudadanos al intentar incrementar supuestos de la cadena perpetua, al tiempo que les ha acusado de "instrumentalizar el dolor de las víctimas" y de querer "legislar en caliente".
Para la asociación, es "oportunista y electoralista" la postura de estos partidos sobre este asunto que ha sido debatido en la Cámara Baja poco después de conocerse el desenlace de la desaparición del pequeño Gabriel y en medio de las reivindicaciones que desde hace semanas vienen realizando los padres de Diana Quer y de la niña Mari Luz a los grupos parlamentarios para paralizar la derogación de esa figura penal.
