Plena Inclusión exige que la Ley de Protección a la Infancia prevenga la violencia contra los menores con discapacidad intelectual - PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN
MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
Plataforma Infancia, Infancia Robada y UNICEF han puesto en valor en el Congreso el proyecto de ley contra la Violencia en la Infancia del Gobierno, que las organizaciones del sector llevaban reclamando más de una década. Sin embargo, reconocen que hay carencias en algunos aspectos, como, por ejemplo, que no está completamente adaptada para proteger a sectores vulnerables, como son los menores inmigrantes, los solicitantes de asilo o las víctimas se trata, entre otros.
Representantes de estas organizaciones han comparecido ante la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso para informar de la situación de los menores durante la pandemia generada por el Covid19 y sus propuestas para afrontar posibles rebrotes o nuevos retos futuros para los niños. La mayoría de grupos parlamentarios, también han cuestionado a los expertos por su opinión sobre la ley contra la violencia en la infancia, conocida como 'Ley Rhodes', a quienes han pedido una valoración.
La valoración ha sido, en general positiva, teniendo en cuenta que es una reclamación del sector. Sin embargo, los comparecientes han identificado algunas medidas que deberían reforzarse o modificarse durante el proceso de tramitación parlamentario. Las organizaciones han pedido que se les pida ayuda durante esta tramitación y han solicitado la colaboración de los diputados para llegar a una ley que actúe los más eficazmente posible.
Desde Plataforma de Infancia, su director, Ricardo Ibarra, ha llamado a tratar en esta ley la creacion es juzgados especializados y pide ser "más ambiciosos" en conseguir una justicia más "amiglable" para los menores a nivel general. También propone extender la figura de la prueba preconstituida, que permite que la víctima sólo tenga que declarar una vez, a todos los menores de edad y no, como indica el texto, a niños con discapacidad o menores de 14 años.
AVANZAR EN LAS FAMILIAS DE ACOGIDA
Ibarra también ha recordado el derecho del niño a ser escuchado y pide una mejora de los mecanismos de denuncia (teléfono, mensajería, chats) y que las víctimas menores puedan denunciar por ellos mismos, sin tener que pasar por una valoración de madurez por parte de la Policía. En este sentido, llama a reforzar la formación de todos los actores que se vena inmersos en estos procesos, con el objetivo de que puedan atender a cualquir menor víctima de violencia y que estos puedan ser tratados en forma correcta a su edad.
El director Ejecutivo de UNICEF España, Javier Martos, ve "fundamental" que el antoproyecto de ley potencie las "familias canguro" o de "acogida", al considerar que los menores sin "entorno familiar" son los más vulnerables y pide acciones específicas en este sentido. "España tiene que pisar el acelerador en este sentido, para que los menores no estén en centros residenciales", ha apuntado. Así, reclama también la creación de la figura de referencia de protección en estos centros, igual que se quiere implantar en la educación o los centros deportivos.
Martos ha afeado, además, que durante la pandemia el Estado estuviera pendiente de facilitar la denuncia de mujeres de violencia machista y no pensara en la que sufren los menores, "Ya sabemos que no votan", ha ironizado en su intervención. Así, ha pedido medios gartuitos que faciliten la denuncia a los niños y más recursos del Estado para ello.
DELITO IMPRESCRIPTIBLE
Sobre la figura de referencia de protección, también se ha referido la tercera compareciente, la letrada de Infancia Robada, Leticia de la Hoz, quien ha puesto el coco de su intervención en las víctimas de violencia sexual en las iglesias y ha llamado a incluir esta figura también en los centros de referencia de todas las confesiones.
A su juicio, estos menores han sido también olvidados en la ley, ya que se habla de las víctimas agredidas en el entorno familiar, educativo o deportivo, pero no en las iglesias. "Y lo digo en plural porque se da en todas", ha apuntado. De la Hoz ha recordado que en estos casos la víctima sufre un mayor daño, ya que la persona que abusa de él es en quien la familia y la propia víctima ha puesto toda su confianza para que se le transmitan unos valores. Además, apunta, en la mayoría de los casos las secuelas son muy graves pues los abusadores utilizan el chantje psicológico, dada la confianza en la relación, que la violencia física.
La letrada advierte de que los daños por este tipo de abusos pueden no curarse nunca, por eso pide que estos delitos sean inprescriptibles, y no que empiecen a contar a partir de los 30 años de la víctima como recoge el proyecto de ley. También reclama la creación de la figura del psicólogo infantil, que en España no existe y pide ayudas para que aquellas víctimas que no tengan recursos puedan acceder al psicólogo que ellos quieran. Según ha indicado, los que recurren al servicio público, en la actualidad, tienen una consulta cada dos meses.
