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    Familias afectadas por la retirada de un menor piden en la Fiscalía que sea un juez quien determine si existe desamparo

    Familias afectadas por la retirada de un menor piden en la Fiscalía que sea un juez quien determine si existe desamparo
    EUROPA PRESS - ARCHIVO

    MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

    La Asociación para la Defensa del Menor APRODEME, que representa a más de 800 familias, ha presentado este jueves 10 de mayo ante la Fiscalía General del Estado una denuncia colectiva contra el sistema de protección de la infancia y adolescencia porque consideran que "supone una forma de separación del niño de sus padres" y pide que sea un juez "especialista, imparcial y experto" quien determine siempre si existe o no situación de desamparo y no un técnico de la administración.

    "Se están retirando menores por situación de desamparo por vía administrativa y no interviene para nada un juez, quien lo ejecuta es un técnico de la administración. Lo que pedimos es que desde el principio intervenga un juez, porque ante el juez te puedes defender, ante el técnico no", ha explicado el presidente de APRODEME, Francisco Cárdenas, en declaraciones a Europa Press, tras presentar la denuncia ante la Fiscalía y después de reunirse esta mañana con la directora general de Infancia del Ministerio de Sanidad, María del Pilar Gonzálvez.

    Además, Cárdenas ha precisado que a veces se confunde riesgo, que es "una situación que puede atravesar cualquier familia, como que los padres se queden sin trabajo o que el niño tenga algún problema, situaciones que se pueden arreglar", con desamparo, "que es decir a los padres que no pueden serlo, que no ejercen bien su función".

    El presidente de APRODEME ha advertido de que, según la ley, las condiciones para declarar el desamparo pueden ser "maltrato, violencia sexual" pero también "cualquier circunstancia que el técnico considere" por lo que advierte de que, al final, esta última casuística se convierte en "un cajón de sastre".

    En concreto, enumera casos que les han llegado de "mujeres víctimas de maltrato con una orden de alejamiento a las que les quitan a los hijos por si acaso, abuelos que quieren hacerse cargo de sus nietos y no son tenidos en cuenta" o padres a los que les retiran a su hijo porque "el niño va al colegio mal vestido, está obeso, no está bien alimentado o va sin calcetines en invierno".

    Así, desde la asociación denuncian que el actual sistema de protección del menor "rompe sistemáticamente con las familias, separando a los menores de las mismas, en la mayoría de casos de forma abusiva y brutal".

    Además, señalan que, aunque en muchos casos los Tribunales de Justicia dan la razón a los padres, no se puede recuperar al niño porque ya ha transcurrido mucho tiempo fuera del seno familiar original.

    "Esto convierte al sistema en viciado y grave, ya que deja a la justicia inoperativa y sin efecto. Cuando se produce una retirada de un menor contraria a la Ley, existe un riesgo grave de que por lo absurdo del sistema, el niño nunca vuelva con sus padres", precisan.

    Por otro lado, denuncian que "muchas veces los tribunales tampoco dictan resoluciones justas, ya que se basan en informes periciales que han realizado los propios técnicos de los servicios sociales, que son meramente ratificados por los equipos psicosociales de juzgados, que apenas ven al menor y a los padres".

    "El sistema actual pues, supone una forma de separación del niño de sus padres, ante cualquier situación, por mínimo que sea el riesgo, y no de ayuda efectiva para el menor", apostillan.

    REVISAR LOS CASOS DUDOSOS

    Según señalan, no se trata de una problemática "exagerada o aislada" sino que aseguran que son "miles los afectados de forma injusta en toda España" por este sistema de protección del menor. En este contexto, reclaman que "se revisen todos los casos dudosos, en los que haya podido haber prevaricación administrativa o judicial".

    La denuncia que ha presentado APRODEME este jueves ante la Fiscalía General del Estado, también la han hecho llegar al Parlamento Europeo y la entregarán ante el Defensor del Pueblo. En concreto, según ha indicado su presidente, el Parlamento Europeo les ha comunicado recientemente que acepta la denuncia, que la investigará y la trasladará a la Comisión Europea para que la incorpore a sus trabajos.