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    Más de 300 delincuentes sexuales han intentado trabajar con niños el primer semestre de 2019, pero han sido detectados

    Más de 300 delincuentes sexuales han intentado trabajar con niños el primer semestre de 2019, pero han sido detectados
    Imagen de archivo de un aula de InfantilJUNTA DE ANDALUCÍA - ARCHIVO

    MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

    Un total de 324 delincuentes sexuales han intentado trabajar en entornos en los que hay menores de edad en los seis primeros meses de 2019, pero han sido detectados por el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press.

    Desde la puesta en marcha en marzo de 2016, se ha evitado que 2.034 personas condenadas por delitos de esta naturaleza hayan desempañado trabajos que requieren contacto habitual con menores.

    Los ciudadanos que quieren trabajar con niños deben presentar un Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual al Ministerio de Justicia, en cumplimiento de la Ley de modificación del sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia y la Ley de Voluntariado, ambas aprobadas en 2015.

    En 2016, se emitieron 1.985.551 certificados, de los que 534 dieron positivo por delitos de naturaleza sexual; en 2017 se expidieron 1.996.658 documentos, 599 de ellos positivos y, en 2018, 1.994.375, de los que 577 se corresponden con personas condenadas. Y en los seis primero meses de 2019, este Registro ha emitido 1.380.150, de los que han dado positivo un total de 324 expedientes.

    Así, desde la puesta en marcha de esta medida hasta este mes de julio de 2019, se han emitido 7,35 millones de certificados, más de dos millares se corresponden a personas que han sido condenadas por delitos sexuales.

    El Registro Central de Delincuentes Sexuales obtiene sus datos del Registro Central de Penados y el de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores sin que los órganos judiciales tengan que realizar ninguna inscripción adicional.

    A su vez, facilita la información a jueces, fiscales y Policía Judicial para la investigación y persecución de estos delitos y permite, de manera gratuita y por medios electrónicos, la certificación de los datos inscritos, lo que posibilita al ciudadano acreditar la carencia de delitos de naturaleza sexual o, en su caso, la existencia de los mismos.

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