MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
ONG de infancia han subrayado la necesidad de aprobar de manera "urgente" la Ley de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la Violencia y han pedido "reforzar" en el texto la protección de los menores tutelados, mayores garantías en los procedimientos de riesgo y desamparo y el derecho de los niños a ser escuchados.
"La protección de la infancia y la adolescencia es una cuestión de Estado y la Ley debe seguir su tramitación de urgencia para que las víctimas se sientan protegidas y escuchadas", ha señalado la directora de Políticas de Infancia y Sensibilización de Save the Children, Catalina Perazzo, este miércoles 30 de septiembre en su comparecencia ante la Comisión de Derechos de Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados.
A día de hoy, según ha recordado Save The Children, al menos 12 menores han muerto ya por causas violentas en lo que va de año en España y en 2018, según datos del Ministerio del Interior, se interpusieron casi 38.000 denuncias que tenían como víctima a un niño o a una niña.
Por su parte, la responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial, ha indicado, en nombre de las 68 entidades a las que representan, que hay tres aspectos fundamentales a mejorar en la ley, entre los cuales, destaca la necesidad de "reforzar la protección a los niños tutelados, uno de los grupos más vulnerables frente a la violencia".
En concreto, la Plataforma considera que la ley "no aborda de manera contundente" la necesidad de "prohibir todo tipo de medida", como las de sujeción, "que menoscabe la integridad física o psíquica" de los menores en el sistema de protección.
También propone habilitar canales accesibles a estos niños para poder denunciar casos de violencia sin tener que pasar por el personal del centro y nombrar una figura análoga al coordinador de protección de los colegios en el sistema de protección.
"Esta ley no va de señalar a nadie, ni a padres, ni a madres, ni a profesores, ni a compañeros, ni a profesionales del sistema de protección. Va de prevenir la violencia y detectar rápido", ha subrayado Escorial.
APOYO A LAS FAMILIAS VULNERABLES
En segundo lugar, la representante de la Plataforma de Infancia ha trasladado a los diputados la necesidad de apoyar a las familias vulnerables y, en este sentido, les ha pedido que "no se elimine" del actual artículo 17 de la Ley orgánica de protección jurídica del menor una precisión: que "la concurrencia de circunstancias o carencias materiales se considerará indicador de riesgo, pero nunca podrá desembocar en la separación del entorno familiar".
También ha apuntado que es importante velar para que las retiradas de tutela estén "dotadas de mayores garantías" pues esto "deja a las familias en situación de indefensión ante la administración"; y ha pedido que se suprima de la ley el artículo por el que se da la condición de autoridad al personal de los servicios sociales ya que "puede quebrar la relación de confianza".
Igualmente, desde la Plataforma de Infancia han reclamado que se refuerce el derecho de los menores a participar y ser escuchados y advierten de que la ley "en algún punto limita injustificadamente" esta capacidad de los niños. Entre otras propuestas de enmienda, las ONG sugieren que se garantice que la validez de las denuncias que interponen los niños no dependa de la valoración que haga el funcionario policía de la madurez del menor.
Por su parte, Save the Children ha insistido en la importancia de que la nueva ley incluya entre sus fines la referencia expresa a entornos seguros, el respeto a los derechos de la infancia y la promoción de un ambiente de protección físico, psicológico y social, también en el entorno digital.
Además, en medio de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, la ONG pide que se priorice la inversión en la infancia y la adolescencia más vulnerables, y que sean el foco de cara a la reconstrucción que debe afrontar el país en los próximos años.
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Por parte de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Alemany ha advertido de algunas carencias que, a su juicio, hay en la ley de protección a la infancia como el hecho de que "no trata en ningún momento" las previsiones que se hacen desde la Ley de Violencia de Género, que considera víctimas directas a los menores, ni recoge las medidas del Pacto de Estado en relación a la suspensión del régimen de visitas de los maltratadores o la prohibición de las mismas a padres condenados en prisión.
También ha lamentado que en la ley "no se habla del concepto de igualdad como tal" y, por otro lado, ha indicado que cuando la ley habla de pornografía "no consentida" se debería sustituir por "pornografía infantil" recogiéndose además el concepto de "prostitución".
Entre los aspectos positivos de la ley ha destacado la introducción de la prueba preconstituida aunque ha dicho que les gustaría que se hubiera introducido "hasta los 16 años"; la ampliación del plazo para la prescripción de los delitos de abuso sexual, aunque ellas apuestan por que empiece a contar a partir de los 50 años y no de los 30; y que se incorpore la edad como causa de discriminación.
"Los niños y las niñas tienen los mismos derechos que deben ser respetados y desgraciadamente hay muchos ejemplos de irrelevancia penal de conductas violentas hacia los menores por considerar que es una acción insignificante --agresiones físicas leves, coacciones o abusos-- no lo olviden al abordar este asunto y no favorezcan conductas de tolerancia a la violencia", ha pedido Alemany.
