ONG como Save the Children y Unicef han criticado la dotación de los PGE 2018 para luchar contra esta lacra
MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ONU y la OCDE han manifestado en sendos informe este mismo año su preocupación por la pobreza infantil en los países ricos. La OCDE lo hizo la pasada semana en un informe en el que insta a las economías ricas ha incrementar su inversión en este área. La ONU dirigió un informe expresamente a España el pasado mes de enero expresando su inquietud por esta materia.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado este lunes que la Presidencia del Gobierno albergará un Comisionado contra la Pobreza Infantil que dependerá así de forma directa de Pedro Sánchez.
Concretamente, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas remitió el pasado enero al Gobierno un documento en el que hablada de "seria preocupación" por la baja inversión que España realiza en protección de la infancia, y que "ha sido inadecuada para paliar el impacto negativo de la grave crisis económica y social que comenzó en 2008, incrementando los niveles de pobreza y desigualdad".
Es una de las conclusiones del informe sobre el cumplimiento en España de la Convención de los Derechos del Niño que la ONU remitió al Ejecutivo español tras examinar sus políticas con una sesión en Nueva York.
El texto, al que tuvo acceso Europa Press, denunciaba "el impacto negativo de los recortes en inversión pública para la implementación de la Convención, particularmente en niños con discapacidad o en situación de marginalidad (...) y especialmente en educación, sanidad, vivienda y protección social".
"El Comité está seriamente preocupado porque los indicadores de exclusión social, pobreza y desigualdad se han incrementado mientras la inversión en medidas de protección social de la infancia continúan muy por debajo de la media europea", señalaba el documento.
En este sentido, avisaba de que resultaba "además preocupante" el impacto "negativo" que ha tenido la crisis económica en los sistemas de protección social, que han resultado insuficientes para responder con prestaciones a los niños y sus familias, "especialmente en el nivel autonómico", donde además, hay "casos de niños viviendo en chabolas e infraviviendas, especialmente de la etnia romaní y de origen migrante".
Es por ello que el Comité urgía a España a tomar medidas para que todas las comunidades autónomas realicen una evaluación integral de las necesidades presupuestarias de la infancia a fin de redistribuir los recursos para responder correctamente a los derechos de los niños e incrementar los destinados a educación y provisión de servicios públicos.
Por ejemplo, reclamaba que se simplificasen los procedimientos para que las familias con niños en situación vulnerable puedan acceder a una adecuada protección social en formas diversas, "como ayuda económica o servicios de acompañamiento", que se incremente el personal que recibe y tramita estas solicitudes, aumente la inversión pública para estos fines y también la provisión de viviendas y servicios básicos para estas familias.
PERSPECTIVA DE INFANCIA EN LOS PRESUPUESTOS
En esta línea, pide al Ejecutivo que adopte una perspectiva de infancia en la elaboración de los presupuestos públicos, con partidas concretas niños en situación de especial vulnerabilidad que además, estén blindadas, de modo que se mantengan aún en caso de crisis económica, desastres naturales u otras emergencias.
Naciones Unidas pedía también a España abordar los problemas de desigualdad en el sistema educativo que tienen reflejo en las tasas de fracaso y abandono en los niños de minorías o de familias con pocos recursos e instaba al Estado a asumir el coste de los libros, el transporte y el comedor en la educación obligatoria, corregir los desequilibrios entre comunidades autónomas y blindar las inversiones en Educación.
Por su parte, la OCDE acaba de instar a los gobiernos a "invertir" en personas y regiones que se han quedado atrás, especialmente en los niños en condiciones precarias, a través de: cuidados infantiles de calidad específicos, educación temprana y aprendizaje permanente; acceso efectivo a servicios de salud de calidad, educación, justicia, vivienda e infraestructuras; y una gestión óptima de los recursos naturales para un crecimiento sostenible.
Así lo pone de manifiesto en un nuevo informe, en el que ha advertido de que se necesita un "esfuerzo urgente y concertado" por parte de los gobiernos para impulsar un crecimiento económico más inclusivo y sostenible que beneficie a todos en la sociedad.
"Necesitamos ayudar a los más pobres de la sociedad a alcanzar su máximo potencial y asegurar que los gobiernos tengan las herramientas para cumplir. El análisis de la OCDE muestra que cuando las políticas se dirigen a los más desfavorecidos, todos en la sociedad ven ganancias en prosperidad y bienestar", subrayaba Gabriela Ramos, jefa de gabinete de la OCDE, líder de la Iniciativa de Crecimiento Inclusivo.
En este sentido, el informe concluye que a pesar de que algunos países están avanzando en la lucha contra las desigualdades, se necesitan más esfuerzos a medida que las oportunidades para los grupos de bajos ingresos empeoran.
346 MILLONES EN LOS PGE 2018
Los Presupuestos Generales del Estado contemplaban una dotación de 346 millones de euros para la protección familiar y lucha contra la pobreza infantil en 2018, cuatro millones más que en 2017.
De esa cantidad total, se destinarían 100 millones de euros a la partida 'Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales'. A esta dotación, se sumarían 140 millones de euros dedicados al 'Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados' para la atención de familias con menores y los 106 millones de euros del programa FEAD, para ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil.
Según precisaba el Gobierno, en 2018, desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se impulsarían programas de actuación referidos a la prevención, atención y protección a la infancia, programas de apoyo e incremento de la calidad de vida de las familias en su diversidad con especial atención a las que se encuentran en situaciones de especial dificultad o vulnerabilidad social, entre otros.
Esta previsión fue criticada por la ONG Save The Children, que subrayó que PP y Ciudadanos se habían comprometido a una partida de 1.560 millones de euros contra la pobreza infantil en el acuerdo de investidura.
"A pesar de la alta pobreza infantil en nuestro país, y de las recomendaciones expresas, tanto del sector social, como de organismos de Naciones Unidas o la Comisión Europea, de mejorar la capacidad de España de reducirla, las nuevas medidas no parecen estar en esa línea y la (lenta) recuperación de los recursos públicos para familias e infancia no beneficia especialmente a los más vulnerables", añadía Unicef.
En este sentido, reclamaba transformar las desgravaciones fiscales de los últimos años en ayudas directas en forma de una prestación por niño (o un impuesto negativo) para familias bajo el umbral de la pobreza porque "mejorarían significativamente" las cifras de pobreza infantil.
"Por eso quizás lo que más nos llama la atención en estos presupuestos son las oportunidades perdidas, las medidas que no se están tomando, y en especial las destinadas a luchar contra la pobreza infantil", subrayaban.
