Sólo se denuncian un 15% de los casos y el 70% de las denuncias nunca llega a juicio, según la ONG.
MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El pianista James Rhodes, víctima de violencia sexual cuando era pequeño, y varias organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia, se han unido este viernes para pedir que se agilicen los trámites para sacar adelante la Ley Integral de protección frente a la violencia contra la infancia, anunciada la semana pasada por el Gobierno, según ha informado Save the Children.
El último Consejo de Ministros acordó la puesta en marcha del anteproyecto de ley que, según el anuncio del Ejecutivo, se enviará al Congreso de los Diputados en el segundo trimestre de 2019. Las organizaciones y el pianista insisten en que para que esta ley sea "una realidad" la fecha de entrada a las Cortes debe ser el mes de enero de 2019.
El pianista ha agradecido al Gobierno y a "todos los partidos políticos" su apoyo "unilateral" a un problema "tan universal" y ha asegurado que este paso convertirá a España en el país "número uno" del mundo en la protección de los niños". "Después de haber sido víctima de abusos sexuales durante varios años en mi infancia, estoy muy emocionado de que el Gobierno le esté dando prioridad tratándolo como una cuestión de urgencia", afirma Rhodes.
Asimismo, Rhodes acompañado de Save the Children y la Fundación Vicki Bernadet han pedido "consenso político" para que esta ley "sea una realidad" cuanto antes. Además, la ONG asegura que esta norma es también uno de los asuntos más urgentes para Naciones Unidas, cuyo comité sobre los Derechos del Niño urgió a España a principios de año a agilizar los trámites para su aprobación, tal y como ya hiciera en el año 2011.
El director general de Save the Children, Andrés Conde, ha pedido que el "apoyo mayoritario" de los grupos políticos en el Congreso del año pasado con la Proposición No de Ley para la protección de la infancia contra la violencia, se repita y se logre la aprobación "unánime y urgente" de esta ley.
EL 70% DE LOS CASOS NUNCA LLEGA A JUICIO ORAL
Según el informe de Save the Children 'Ojos que no quieren ver' el abuso sexual a menores se extiende de media cuatro años, lo que la ONG asegura que demuestra que en España no existen aún las herramientas necesarias para prevenir y detectar los abusos ni para que el niño o niña pueda denunciarlos.
Por otro lado, insiste en que el hecho de que haya niños y niñas sufriendo abusos sexuales que no son detectados, que estos abusos se alarguen durante años o que, aunque se detecten, haya víctimas que siguen en contacto con su agresor y que no son protegidas, se debe a una serie de "fallos y debilidades" en la respuesta de las administraciones públicas en la prevención, detección, en el proceso judicial y en la atención y tratamiento psicológico a las víctimas.
Asimismo, las denuncias por abusos sexuales a menores pasaron de 4.056 en 2016 a 4.211 en 2017, según el Anuario del Ministerio del Interior de las cuales un 15% de los casos son denunciados y de los que entran en el sistema legal, el 70% nunca llega a juicio oral.
En este sentido, en las sentencias estudiadas por Save the Children, un 15% de los casos en los que el niño se lo contó a un profesor hubo una notificación a las autoridades competentes, por eso la ONG solicita que los centros educativos cuenten con protocolos específicos que se activen ante cualquier sospecha.
"Esta problemática, que afecta a uno de cada cinco niños y niñas, debería ser considerada una cuestión de Salud Pública y el Gobierno debe abordarlo como tal", afirma la presidenta de la Fundación Vicki Bernadet, Vicki Bernadet.
Además, la ONG ha manifestado a través de un comunicado que llevar el caso a los tribunales "no es una garantía de protección" para el menor que ha sufrido abusos. Asimismo, informa que el proceso judicial dura de media tres años, en los que los menores tienen que repetir su declaración hasta cuatro veces y en la mayoría de casos en juicios a puerta abierta.
En este sentido, insiste que el trauma que supone para el niño declarar en estas condiciones suele llevar a que los testimonios "no sean tenidos en cuenta" y el caso sea sobreseído, lo que ocurre en siete de cada 10 procesos, provocando que el abusador pueda seguir en contacto con el niño.
Tal y como ha señalado la presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), Concepción Sánchez Pina, los pediatras de Atención Primaria quieren denunciar la "falta de respuesta adecuada" por parte de las instituciones ante "el maltrato y el abuso sexual en la infancia", por lo que consideran urgente "disponer de una ley" para proteger a los menores de esta "lacra".
Para que un testimonio sea válido no tiene que haber retractación ni interés en mentir y debe de corroborar la declaración. Estas tres condiciones, explica la ONG, son complicadas de cumplir en el caso de los niños, que a veces al ver la reacción de los adultos o por no querer enviar al acusado a la cárcel -que suele ser familiar o conocido-, se retractan y, sobre todo, porque es muy complicado que haya testigos del abuso. Si no hay testigos la responsabilidad de dar credibilidad al niño recae en manos de los psicólogos forenses que muchas veces no usan métodos científicos en el proceso, y a los que no se les exige una formación específica en psicología evolutiva.
Así, para evitar que el menor tenga que declarar varias veces e incluso años después de sufrir los abusos, Save the Children insta a que su testimonio sea recogido "lo antes posible", por un profesional cualificado y en presencia del juez instructor, el abogado defensor y el fiscal y grabarse como prueba preconstituida. Aunque esta prueba está recomendada por la Fiscalía General del Estado y aceptada en la Ley del Estatuto de la Víctima de 2015, de los casos investigados por Save the Children tan solo se aceptó en un 14%.
La lucha contra los abusos sexuales estará enmarcada dentro de la ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia, que, según la ONG, deberá contemplar medidas como que se garantice la educación afectivo sexual en la enseñanza reglada y desde edades tempranas; o que se incluya la formación sobre violencia y protección de la infancia en los currículums formativos de maestros, profesores y directores de centros educativos y se dote a todos los colegios de un protocolo de detección y gestión de casos de violencia contra la infancia.
Asimismo, que se cree una Fiscalía específica de violencia contra la infancia y juzgados de instrucción especializados en este tipo de violencia; que se dé prioridad a la tramitación de los procedimientos de abusos a menores y se incluya formación específica a todos los profesionales involucrados en el proceso; que se fortalezcan y amplíen los recursos autonómicos de tratamiento y atención especializados y sean públicos y gratuitos; o que los plazos de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad se activen cuando la víctima cumpla 50 años, entre otras.
