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    El Supremo vota si el Protocolo de Menores Extranjeros no Acompañados vulnera los derechos de esos niños

    El Supremo vota si el Protocolo de Menores Extranjeros no Acompañados vulnera los derechos de esos niños
    DEFENSOR DEL PUEBLO

    MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

    El Tribunal Supremo tiene previsto reunirse este martes para la votación y fallo de un recurso presentado en diciembre de 2014 por Fundación Raíces contra el Protocolo del Gobierno para Menores Extranjeros no Acompañados en relación a las pruebas de determinación de la edad que se realizan a estos niños y adolescentes aunque porten documentación original expedida por sus países.

    Según explica Fundación Raíces, el protocolo avala así el proceder de la Fiscalía, que sistemáticamente somete a los menores extranjeros a estas pruebas médicas que van de una radiografía de muñeca a una exploración de dentición y genitales y que arrojan una horquilla de resultados por las que un menor puede ser tomado por adulto, perdiendo así la tutela pública y la protección que esta conlleva.

    La propia jurisprudencia del Supremo establece que las pruebas no pueden realizarse en ningún caso cuando los menores porten documentación oficial acreditativa de su edad, sin embargo Raíces viene denunciando que esta premisa no se respeta, generando "injusticia y sufrimiento" y vulnerando derechos fundamentales.

    En concreto, indica que "de los más de 650 casos que ha atendido y defendido en los últimos años", "son más de 300 los que han visto negada su condición de menores de edad" y se han quedado en la calle "porque el procedimiento de determinación de la edad en España, liderado por la Fiscalía General de Estado, impide a los niños y niñas extranjeros que llegan solos defender su minoría de edad si proceden de países africanos como Marruecos, Mali, Camerún, Guinea Conakry o Costa de Marfil".

    Una de esas menores atendidas es M. B., de 16 años, "víctima de agresiones e intento de matrimonio forzoso en su país que salió huyendo y a su llegada a España, en Barajas, fue identificada por la policía como menor de edad en situación de desamparo y solicitante de asilo y, como tal, fue derivada al sistema de protección de menores de la Comunidad de Madrid".

    "Dos meses después, desde el Centro de Primera Acogida fue conducida a la Fiscalía de Menores para iniciar el procedimiento de determinación de su edad y allí fue sometida a un desnudo integral ante el médico forense para exploración de sus genitales y a una radiografía de la muñeca y de la boca en el Hospital", explica Fundación Raíces. Aunque la Policía la atendió como menor, el Decreto de Fiscalía estableció tras la prueba que era adulta. No cabe recurso contra esa determinación.

    Otro de esos casos es el de K. C., un niño de 15 años a quien también la Policía ingresó en el sistema de protección de menores por encontrarle en desamparo. En el Hospital de La Paz, en Madrid, se le diagnosticó tuberculosis en fase activa y se le pautó medicación, pero "también fue conducido a la Fiscalía de Menores para iniciar el procedimiento de determinación de la edad". Le declararon adulto.

    Raíces explica que el SAMUR le ingresó de nuevo en el hospital y allí se mantuvo 20 días en aislamiento aunque tenía el alta médica porque no había un recurso al que derivarle, "pues Protección de Menores no le acogía por el Decreto del Fiscal" y tampoco le recibían en ningún centro para adultos "por su apariencia clara de menor de edad y su tratamiento médico como tal".

    "Cada día en España se vulnera la presunción de minoría de edad de todos estos niños y niñas y se les discrimina con respecto al resto de menores que están en desamparo en nuestro país y con respecto al resto de ciudadanos africanos a quienes, si son adultos o niños acompañados, no se les niega la credibilidad de sus documentos, expedidos por los mismos Registros civiles y Oficinas Consulares", denuncia la presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal.

    Insiste en que "además, se vulnera la tutela judicial efectiva, ya que se les niega la asistencia letrada y la posibilidad de un recurso jurisdiccional efectivo, a pesar de que las consecuencias sean tan graves como dejarles en las calles con el peligro que esto supone para su integridad y desarrollo físico, psíquico y emocional".

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