13 de agosto de 2020
4 de abril de 2008

La Vida Importa asegura que si se ha actuado penalmente contra Isadora es porque "han visto flagrantes delitos"

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la plataforma La Vida Importa, Juan Sánchez-Galera, aseguró hoy que si se ha actuado penalmente contra la Clínica Isadora --el juez de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, tomará hoy declaración a los responsables de la clínica, Javier Hidalgo y Salim Zakaria, y a la psiquiatra Sara Moreno-- es porque "han visto flagrantes delitos" que "exceden de lo puramente administrativo" que será el hallazgo de residuos biosanitarios (gasas o jeringuillas).

"Si tras la investigación de la Guardia Civil van contra Isadora es porque hay algo más que tirar residuos biosanitarios, que no es delito sino sanción administrativa. Estamos hablando de posible genocidio", explicó a Europa Press Sánchez-Galera.

El presidente de La Vida Importa insistió en que "si con Isadora han actuado vía penal es porque han visto otras cosas que exceden de lo puramente administrativo" porque residuos biosanitarios o irregularidades --concretó-- se encontraron en cinco de los siete centros investigados "y sólo han ido penalmente contra Isadora porque solo han encontrado delito penal contra Isadora".

Juan Sánchez-Galera remitió a la página web www.genocidio.biz, que, según él, recoge las fotografías de la Guardia Civil sobre la investigación en la Clínica Isadora. Las 22 imágenes muestran fetos y restos humanos de bebés. La web no incluye un 'Quiénes somos'.

La Vida Importa es una plataforma apolítica y aconfesional que se constituyo en 2006 formada por diferentes personas y asociaciones con el fin de realizar "una investigación exhaustiva de las irregularidades de los diferentes centros abortistas" e interponer las consiguientes denuncias.

Sus objetivos pasan por ofrecer "alternativas a la mujer ante el aborto", que se cumpla la ley, pero "por encima de todo" que se hable del porqué abortan las mujeres, ya que, entiende, "la mujer está obligada a abortar por la presión social", ya sea laboral o familiar.