Los habitantes de Tawargha fueron expulsados por su supuestos vínculos con Gadafi y siguen sufriendo discriminación, amenazas y represalias
MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha reclamado a las autoridades libias que encuentren "urgentemente" una "solución duradera" para poner fin al desplazamiento forzado en el que continúan decenas de miles de tawarghas y de miembros de otras comunidades étnicas que se vieron obligadas a abandonar sus localidades natales durante el conflicto armado de 2011.
Todos los habitantes de la localidad de Tawargha --unos 40.000-- fueron expulsados por los grupos armados de Misrata (el principal reducto de los rebeldes en el oeste del país durante la guerra civil de 2011), que los acusaron de apoyar al Gobierno del exdictador Muamar Gadafi, de cuyo derrocamiento y asesinato se cumplen dos años en estas fechas.
Por ello, y coincidiendo con el segundo aniversario del final del conflicto, Amnistía Internacional ha publicado un documento en el que se destacan "la discriminación, los secuestros y las detenciones arbitrarias que siguen sufriendo los tawarghas, objetivo todavía de amenazas y represalias de milicias que actúan por encima de la ley".
"Dos años después del conflicto, los tawarghas y otras comunidades desplazadas siguen esperando a que se haga justicia y a recibir reparaciones por los abusos que se les han infligido", ha denunciado la directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Hassiba Hadj Sahraoui. "Muchos continúan sufriendo discriminación y viven en campos sin apenas recursos y sin solución a la vista", ha añadido.
Según Amnistía, Tawargha es en la actualidad "una ciudad fantasma". Los combatientes contrarios a Gadafi, en venganza por los crímenes de guerra que, según ellos, habían cometido los tawarghas en Misrata en nombre del exdictador, "saquearon e incendiaron los hogares de esta comunidad", ha denunciado la organización. "Durante meses después del conflicto, los tawarghas fueron perseguidos por milicias, detenidos arbitrariamente, torturados y asesinados", ha asegurado.
Aparte, "en los campos de desplazados, los tawarghas siguen siendo blanco de amenazas y ataques perpetrados por milicianos, que han amenazado con bloquear todo intento de que regresen a sus hogares", ha proseguido Amnistía. "Las autoridades no han velado por el retorno seguro de estas personas y les han impedido regresar en repetidas ocasiones por motivos de seguridad", ha lamentado.
"Es inconcebible que se haya pedido a las víctimas de abusos que renuncien a su derecho a regresar en seguridad, mientras que las milicias y otros elementos que las amenazan actúan impunemente", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.
"Las exigencias de los habitantes de Misrata de que se rindan cuentas por los crímenes de guerra cometidos en la ciudad están justificadas, pero la justicia no puede ser selectiva y tampoco puede castigarse colectivamente a toda una comunidad", ha declarado.
65.000 DESPLAZADOS INTERNOS
En la actualidad, según Amnistía, hay cerca de 65.000 desplazados internos en Libia, no sólo tawarghas, sino también miembros de la tribu mashashya, oriunda de las montañas de Nafusa, habitantes de Sirte y Bani Walid y tuaregs de Ghadames. Los tawarghas, libios de raza negra, están entre los que más han sufrido.
Aparte, se calcula que más de 1.300 tawarghas permanecen en paradero desconocido, han sido detenidos o sometidos a desaparición forzada, principalmente en Misrata, según el informe de AI. En su mayoría, fueron capturados por milicias y torturados o sometidos bajo custodia a otros malos tratos, como descargas eléctricas, latigazos y golpes con barras de metal o tuberías, ha denunciado la organización.
Asimismo, el documento denuncia que cientos de tawarghas, entre ellos menores de edad, llevan más de dos años recluidos en prisiones estatales sin cargos ni juicio, en malas condiciones de detención y sin atención médica adecuada ni visitas habituales de familiares, quienes temen represalias cada vez que van a Misrata. En la prisión Al Wahda de Misrata, Amnistía Internacional ha encontrado a nueve menores de edad recluidos sin cargos desde que fueron capturados en 2011.
Aparte, los tawarghas encuentran obstáculos a la hora de obtener los documentos que necesitan para cursar estudios superiores en establecimientos académicos de Misrata y las familias de personas desaparecidas no reciben ayuda del Gobierno, "al parecer simplemente porque se las percibe como partidarias del coronel Gadafi", según el informe.
LEY DE JUSTICIA TRANSICIONAL
Libia atraviesa actualmente la peor crisis política y de seguridad desde el conflicto de 2011, según Amnistía. "El Estado de derecho ha quedado socavado por el desgobierno generalizado, las detenciones arbitrarias, los secuestros y los ataques perpetrados contra organismos gubernamentales por milicias afiliadas al Estado", ha denunciado.
"A pesar de estos desafíos, las autoridades libias tienen la responsabilidad de garantizar la protección de las comunidades de desplazados internos, que están entre los grupos que más peligro corren", ha advertido.
El pasado mes de octubre, el Congreso General de la Nación de Libia aprobó, en primera lectura, la Ley de Justicia Transicional, que comprende un conjunto de medidas destinadas a obtener verdad, rendición de cuentas y reparaciones para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen de Gadafi y posteriormente.
El proyecto de ley, que está pendiente de la votación final, dispone la creación de la Comisión de Investigación y Reconciliación, cuyo cometido será, entre otros, abordar sin discriminación la situación de los desplazados internos.
"La adopción de esta ley podría ser el primer paso hacia la justicia para los tawarghas y otras comunidades desplazadas", ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui. "Una vez que se apruebe la ley, las autoridades deben asegurarse de dotar de recursos y salvaguardias suficientes a la Comisión para que desempeñe su labor imparcialmente y libre de amenazas, presión pública y ataques de las milicias", ha advertido.
Amnistía Internacional también ha reclamado a las autoridades libias que consulten a la comunidad tawargha en cualquier debate sobre la búsqueda de soluciones a sus necesidades, derechos y legítimos intereses
