Cataluña se dota de un protocolo para detectar, identificar y dar asistencia a las víctimas
BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha condenado este jueves el tráfico de seres humanos y se ha referido a la impresión que le causó la muerte de más de 350 inmigrantes tras un naufragio en Lampedusa (Italia): "De Lampedusas también hemos tenido. En las costas canarias pero también en las costas peninsulares".
Lo ha dicho en el Palau de la Generalitat durante la firma de un protocolo de protección de las víctimas de tráfico de seres humanos, que ha rubricado junto al Ayuntamiento de Barcelona, Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Asociación Catalana de Municipios (ACM), la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y los colegios profesionales de abogados (Icab) y psicólogos.
Mas ha asegurado que Cataluña quiere aportar su grano de arena para identificarse como un territorio del sur de Europa que lucha contra la trata de personas, una actividad que ha calificado de "nueva forma de esclavitud" y contra la que ha dicho que se utilizarán todos los medios disponibles.
Ha señalado que este tipo de desgracias tienen un gran impacto porque de golpe muere mucha gente, pero que la sociedad se olvida de cifras menores de fallecidos en estas situaciones, y ha señalado el "papel crucial" de las entidades en la atención a estas personas.
También ha destacado que en los últimos tres años en Europa se han registrado 23.000 víctimas identificadas de la trata de personas, a las que ha dicho que se debe sumar muchísimas más no identificadas: "Seguramente si saliésemos por estos barrios encontraríamos bastantes", ha dicho.
Antes de su intervención, el consejero de Justicia, Germà Gordó, ha explicado que el protocolo quiere establecer las pautas y mecanismos de actuación entre las distintas instituciones para "detectar, identificar y dar asistencia" a víctimas del tráfico de personas.
Ha señalado que se debe proteger especialmente a las víctimas menores de edad, las extranjeras y las más vulnerables ante el "crimen organizado", y que se da la obligación de coordinar mejor los recursos disponibles para erradicar esta práctica.