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MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las clínicas jurídicas de ICADE (Universidad Pontificia Comillas) y las universidades de Valencia, Barcelona y Valladolid han elaborado, en colaboración con Garrigues, un informe sobre los siete centros de internamiento de extranjeros que operan en España que ofrece una foto fija de su situación y constata que son espacios de "opacidad" donde se está produciendo una "vulneración masiva de Derechos Humanos".
El trabajo ha sido presentado este lunes en la sede de la Abogacía Española en un acto auspiciado por el miembro de la Subcomisión de Extranjería Marcelo Belgrano en el que han participado la directora de la Clínica Jurídica ICADE, Concha Molina, la coordinadora de la Clínica Extranjería de la Universidad de Valencia, Pilar Fernández; la abogada colaboradora de la misma Carmen Cabrera, y el representante del Observatorio de Valladolid, Javier García Medina.
Se trata de un análisis de los siete CIE desde la perspectiva del marco jurídico que debería regir en ellos y a partir de información obtenida de fuentes diversas --el Ministerio del Interior no respondió a sus peticiones--, y concluye que pese a tratarse de centros no penitenciarios, en la práctica "son como las cárceles, pero éstas cuentan con más garantías", en palabras de la coordinadora del proyecto y abogada de Garrigues, Amalia Hernández.
Así, aunque los internos pendientes de expulsión que están en los CIE, en muchos casos por mera estancia irregular, sólo deberían tener restringida su libertad de deambular, en la práctica se "vulneran no pocas garantías y derechos fundamentales" como a la integridad física, a la defensa o a la salud. "Es una vulneración masiva de derechos humanos", ha destacado García Medina.
En relación a la sanidad, destaca que en ninguno de los centros y pese tanto a la normativa como a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, se presta asistencia sanitaria permanente y la que se ofrece, tiene severas deficiencias, no está especializada y "resulta inferior a la que en condiciones normales, se recibiría en cualquier centro de salud o establecimiento sanitario".
SIN PLANES FRENTE A ENFERMEDADES
"No existen, adicionalmente, mecanismos que permitan detectar la existencia de enfermedades contagiosas ni, en su caso, detectadas las mismas, protocolos de actuación que no sean el aislamiento de los internos en condiciones tales que supongan un atentado para su integridad y salud física", dice el informe.
"Un interno solicitó asistencia médica durante 20 días porque creía que podía sufrir tuberculosis. No fue hasta después de un mes que le derivaron al hospital"
En el caso del CIE de Madrid, por ejemplo, aunque el pliego de condiciones de la adjudicación del servicio sanitario a Clínica Madrid decía que el servicio se prestaría a diario de 8.00 a 22.00 horas y las mañanas de los fines de semana, el informe indica que sólo se da de lunes a viernes y de 9.00 a 12.00. Se describen situaciones similares de carencias en el resto de los centros analizados.
En este CIE de Aluche "no se realizan analíticas destinadas a detectar la existencia de enfermedades infectocontagiosas" y, como en el resto, faltan medidas "para evitar contagios en caso de enfermedad". En el de Barcelona, situación similar: "un interno solicitó asistencia médica durante 20 días porque creía que podía sufrir tuberculosis, pudiendo por lo tanto contagiar a sus compañeros de celda. No fue hasta después de un mes que el médico del centro lo derivó al hospital para realizar las pruebas", señala el informe.
A ello, explica, "se unen otra serie de deficiencias" como la falta de intérpretes y traductores, haciendo "imposible una comunicación efectiva", el hecho de "no existir un modelo de historia clínica acorde con la legalidad vigente, no facilitar los informes o partes médicos necesarios a los internos, la inexistencia de privacidad en la realización de reconocimientos médicos o la falta de espacio adecuado para que los internos aquejados de alguna dolencia puedan recuperarse".
SIN SEPARACIÓN DE LOS DELINCUENTES
El trabajo refiere asimismo "vulneración del derecho a la integridad" porque los internos deben compartir habitación "de dimensiones reducidas con numerosas personas" y sin espacio para tener sus propios enseres "mínimos y básicos para higiene o abrigo". Tampoco hay módulos diferenciados que separen a los internos que sólo están allí por carecer de permiso de residencia de aquellos que van a ser expulsados directamente desde la cárcel por la comisión de algún delito.
En cuanto al derecho de defensa, la falta de garantía detectada se debe a "la inexistencia de operativos permanentes o procedimientos poco adecuados para la elevación de reclamaciones o denuncias a los Jueces de Control, desinformación en cuanto a los derechos de defensa que asisten a los internos o limitación para mantener comunicaciones con letrados", pero no sólo.
"No se siguen protocolos ni procedimientos adecuados" para la identificación de perfiles vulnerables, como menores o víctimas de trata"
El informe detalla sobre este asunto que se da una "desinformación" general sobre "la situación legal o el expediente personal de los internos" y es "reiterada la falta de notificación a los internos de su fecha de expulsión o de los derechos que les asisten, especialmente aen lo que al derecho de asilo se refiere". Además, "no se siguen protocolos ni procedimientos adecuados" para la identificación de perfiles vulnerables, como menores o víctimas de trata.
En la misma línea, constata la "ausencia de sistemas de videovigilancia en parte de las instalaciones", que "impide verificar el correcto funcionamiento del centro, la actuación de los funcionarios o la prevención de actividades ilegales", así como "dificultades de acceso a las imágenes grabadas", cuando éstas existen, en caso de incidente.
También han encontrado "falta de garantía sobre la efectividad y confidencialidad de las quejas y reclamariones respecto a la vulneración de los derechos de los internos", "vulneración de la intimidad en las comunicaciones" y "restricciones en el número de visitas diarias permitidas o la posibilidad de mantener comunicaciones externas", aunque como insisten los investigadores, un CIE no sea una cárcel.
En cuanto a las instalaciones, el informe indica que algunas, "especialmente la de Algeciras", cuentan con "deficiencias o notables deterioros que pueden poner en riesgo la salud y seguridad de los internos" y llama la atención sobre la persistencia de sistemas de cierre con llave y rejas que "ponen en entredicho la ejecución de los planes de evacuación o emergencias, siempre que existan, lo que no es un aspecto al que se pueda dar respuesta afirmativa con total seguridad".
PROHIBIR EL INTERNAMIENTO Y ACORTARLO
Para los expertos, la Administración debe tomar medidas tanto legislativas como materiales con urgencia, empezando por cumplir el reglamento de los CIE aprobado en marzo de 2014. Recomiendan además que se prohíba el internamiento en caso de mera estancia irregular, que se reduzca el plazo máximo (60 días) que se puede retener a una persona, que se incremente el control judicial de las actuaciones administrativas y se regulen las funciones de los Jueces de Control.
Piden también que Interior comparta sus competencias en los CIE con Sanidad y Empleo, porque "no parece justificable un modelo de gestión policial que dependa exclusivamente en todos los aspectos del ministerio del Interior hasta el punto de atribuirle competencias ajenas a su ámbito de actuación, como son la prestación sanitaria o la asistencia social por el mero hecho de que esos servicios deban garantizarse en los centros".
