La Fiscalía retira la acusación contra siete imputados, todos ellos profesionales de nacionalidad española
OVIEDO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
El fiscal retiró hoy la acusación a siete de los diecinueve imputados en la 'Operación Dragón', acusados de introducir ilegalmente en España a ciudadanos chinos a través de contratos de trabajo con los que conseguían permisos de residencia. Los doce restantes se enfrentan cada uno a dos años de cárcel por un delito de inmigración ilegal, con lo que la pena asciende a 24 años, informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
El juicio, que se suspendió la semana pasada por enfermedad del juez, se celebró hoy en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo con las declaraciones de los doce acusados y quedó visto para sentencia.
Durante el mismo, se excluyó el delito de falsedad documental y se solicitó que se estimen atenuantes como las razones humanitarias, la reparación del daño, el arrepentimiento y las dilaciones en el proceso, para que la pena de prisión se rebaje al mínimo, de dos años. Además, cada uno de los doce acusados deberá pagar una multa de 2.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
Siempre según estas fuentes, la operación arrancó entre los años 2004 y 2005, a raíz de las investigaciones de la Delegación del Gobierno de Asturias y de la unidad de Extranjería de la Policía. El objetivo era determinar la proliferación en Asturias de negocios regentados por ciudadanos chinos.
Según el informe fiscal, los procesados se dedicaban a la inmigración clandestina. El 'modus operandi' consistía en solicitar a la República China trabajadores para empleos inexistentes, como subterfugio para la entrada ilegal en el país a cambio de una prestación económica. Algunos llegaron a pagar para iniciar el proceso de normalización de extranjeros.
Asimismo, los que accedían a estas solicitudes de empleo acababan trabajando en locales propiedad de algunos acusados o en los que tenían participación accionarial directa o que la controlaban. Entre los imputados, hay responsables de comercios, de consultorías y de gestorías, de Gijón y Oviedo, que hoy fueron absueltos.
Fruto de las investigaciones se comprobó que algunos particulares que ofertaban los empleos no tenían solvencia económica como para asumir los salarios de los posibles trabajadores, o eran empresas endeudadas o que habían cesado o no habían iniciado la actividad e, incluso, algunas no tenían centro de trabajo.
Supuestamente, para los empleos que se ofertaban en China no había demandantes españoles o los nacionales no cumplían los requisitos exigidos, mientras que en otras ocasiones se rechazaba a todos los aspirantes enviados por el Servicio Público de Empleo.
EMPLEADAS DEL HOGAR Y DEPENDIENTAS
Entre los trabajos para los que eran contratados están los de empleada de hogar, dependientes, empleados de establecimientos hosteleros o de la construcción e incluso actores o modelos.
A este respecto, en el Consulado algunos ciudadanos chinos dijeron no saber para qué se les contrataba y reconocieron no tener experiencia en pases de modelos o actuaciones en cine y televisión y, de hecho, no hablaban ni español ni inglés. Además, las empleadas de hogar internas estaban empadronadas en un domicilio distinto al de su trabajo.
Asimismo, pese a que el procedimiento seguido para la entrada en España de los extranjeros obliga a que ejerzan la actividad para la que fueron contratados al menos un año y en el mismo lugar, muchos eran destinados a otros trabajos y a veces a otros sitios. Los permisos de residencia eran posteriormente renovados.
El informe fiscal apunta que los acusados actuaron en connivencia con gestorías o asesorías que tramitaban las solicitudes y que, a través de un sistema informático del Principado, conseguían eludir el control directo de la Tesorería. También los imputados gestionaban el pago de las cuotas a la Seguridad Social como si las abonaran los empleadores para dar a la situación "una apariencia de legalidad".
