La Fiscalía pide acceso a las bases de datos de la Policía para poder expulsar a los delincuentes extranjeros
MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un total de 16.590 inmigrantes fueron retenidos en alguno de los nueve centros de internamiento de extranjeros (CIE) del territorio nacional el año pasado, un 36,2% menos que en 2008, y cerca de la mitad de ellos (46%) no pudieron ser expulsados, según datos recogidos en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado.
En total, los fiscales recomendaron el internamiento de 11.299 inmigrantes a lo largo de 2009 y recibieron respaldo judicial en un 87,9 por ciento de los casos, autorizando el ingreso de 11.573 personas en estas instalaciones.
De los más de 16.500 que pasaron por los CIE de Algeciras e Isla de las Palomas (Cádiz), Barcelona, Barranco Seco (Las Palmas), El Matorral (Fuerteventura), Hoya Fría (Tenerife), Madrid, Málaga y Valencia, nueve de cada diez eran varones.
Según explica el informe del Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería, "el mayor volumen corresponde a ciudadanos extranjeros que han sido interceptados tratando de introducirse en territorio español en pateras, cayucos o embarcaciones similares", que en total sumaron 7.285 informes el año pasado, un 55,3%.
La memoria recoge asimismo, el resultado de las visitas de los fiscales a las nueve instalaciones y concluye que "un año más, los informes más negativos son los correspondientes a los CIE de Algeciras y Málaga" por deficiencias tanto en los servicios prestados a los internos como en las instalaciones.
En términos generales, la Fiscalía señala como principales deficiencias de los CIE la "carencia de un plan de seguridad y emergencia integral contra incendios en Barranco Seco de Gran Canaria, la generalizada ausencia de asistentes sociales en los centros, que ha tenido que ser suplida en no pocas ocasiones por Cruz Roja o la colaboración de ONG, y las deficiencias relativas a la asistencia sanitaria".
ACCESO A LAS BASES DE DATOS
Por otra parte, el informe recoge el interés de los fiscales por acceder a las bases de datos policiales de extranjería, una "reivindicación que hacen de forma generalizada" todos los especializados en la materia y que persigue facilitar la expulsión de los delincuentes extranjeros en sustitución de la pena privativa de libertad.
Según explica la memoria, "las expulsiones que se ejecutan sobre la totalidad de las acordadas representan un mínimo porcentaje" en estos casos, entre otras razones porque el fiscal no tiene información suficiente sobre la situación administrativa del extranjero como para pedir al juez que sustituya la pena de cárcel por la expulsión del territorio.
Los fiscales señalan que esta "carencia de datos que, por falta de coordinación con al Cuerpo Nacional de Policía, aparece cuando instruyen el atestado la Policía Local o la Guardia Civil", hace que la "posibilidad" de expulsión se vea "simplemente abocada al fracaso", por lo que la Fiscalía "ha iniciado conversaciones" con el Ministerio del Interior que les abra las puertas de estos ficheros.
En total, el año pasado se presentaron 5.384 escritos de sustitución de la pena de cárcel inferior a seis años por expulsión del territorio, 95 que pedían sustituir una pena superior a seis años por la deportación y 166 solicitando el cumplimiento íntegro de la pena en España, lo que supone un descenso global del 27%.
El grueso de solicitudes fueron por delitos de robo con fuerza y violencia e intimidación (19% de los casos), seguido de los delitos de falsedad (12%), contra la propiedad intelectual (12%) y contra la salud pública (9%). Las peticiones por delitos de seguridad vial cayeron un 60% y aumentaron un 52% las de delitos de hurto. Como resultado, 249 delincuentes fueron excarcelados para cumplir la condena en su país de origen y 500 para disfrutar allí la libertad condicional.
