BARCELONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
SOS Racismo pide un año de cárcel para el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), por repartir en 2010 junto a la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, panfletos electorales que vinculaban a los gitanos rumanos con los problemas de seguridad y delincuencia de la ciudad, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press.
La asociación --personada en la causa como acusación popular-- considera que el entonces candidato a la Alcaldía cometió un delito de Injuria Colectiva o, de forma alternativa, uno de provocación a la discriminación al odio o a la violencia, con lo que ha reclamado la misma pena de cárcel que solicitó la Fiscalía de Barcelona.
Los 15.000 dípticos que los populares repartieron por los barrios de Llefià, Sant Roc y La Salut de Badalona el 24 de abril de 2010 --año anterior a las elecciones municipales-- contienen fotografías de gitanos rumanos acompañados de lemas como 'inseguridad', 'delincuencia' y 'vandalismo', y la imagen de una pintada con el mensaje 'no queremos rumanos'.
En las semanas posteriores al reparto de los folletos, Albiol continuó promocionando el mismo discurso en diferentes medios de comunicación y actos, como por ejemplo en una butifarrada popular en la plaza de Trafalgar el 19 de septiembre.
En ese acto al que asistieron más de 800 personas, la mayoría de avanzada edad, Albiol dijo: "Aquí no tenemos campamentos de gitanos como en Francia, aquí la situación es aún peor, están repartidos por los barrios de la ciudad haciendo la vida imposible a los vecinos y, encima, cuando nos quejamos nos atacan y nos tachan de racistas", recoge el escrito de SOS Racismo remitido al juez.
Por todo ello, además de la pena de cárcel, la asociación pide que el alcalde pague una multa de más de 8.000 euros, la misma cantidad que solicita la Fiscalía de Barcelona de cara al juicio.
La Audiencia de Barcelona había obligado a mediados de septiembre al Juzgado de Instrucción 2 de Badalona a reabrir la acusa al concluir que estas expresiones representan objetivamente un ataque a la dignidad personal y al honor de todos lo miembros del colectivo de gitanos rumanos y pueden contener un "mensaje claramente incitador a la discriminación y al odio".
Esta decisión echó por tierra la decisión del juzgado de instrucción que lo había archivado al considerar únicamente como excesos verbales algunas de las declaraciones del alcalde, apelando a la libertad y al derecho del político de "expresar políticas de inmigración alternativas a la vigente".
