LA CORUÑA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La dueña de un geriátrico de Outes (La Coruña) acusada, junto con su marido e hijo, de estafa continuada, niega haberse aprovechado de la "debilidad mental" y "dependencia emocional y económica" de los ancianos que estaban a su cargo para obtener varios bienes inmuebles y afirma que las cesiones se realizaron "para pagar los servicios" de la residencia.
Al juicio que se celebra en la Audiencia provincial se han llevado cuatro casos concretos en los que los ancianos, a través de cesiones o de contratos de compraventas ficticios, cedían varios bienes inmuebles a la propietaria del centro geriátrico en el que residían.
Sin embargo, durante la sesión, la acusada ha señalado que atendió y cuido a los ancianos para que "llevasen una vida digna" y ha asegurado que si los residentes hicieron testamento a su favor fue porque los hijos no hacían frente al pago de la residencia o sus pensiones no llegaban.
"Los servicios hay que pagarlos y lo pagaron con lo que tenía", ha afirmado durante el juicio en el que, en varias ocasiones, declaró que las cesiones se realizaron "a cambio de servicios" y que en ningún momento se aprovechó de los ancianos. "No me interesaba comprar las propiedades", ha dicho.
"NO SOMOS CRIMINALES"
Así, durante el juicio, se ha referido al caso concreto de una anciana que debía 4 meses de pago de la residencia y sus hijos "no hicieron frente al pago". Según ha relatado, llevaron a la anciana, que "quería pagar sus deudas", al notario donde se realizó un contrato vitalicio por el cual cedía sus bienes a cambio de que la cuidasen.
Asimismo, la acusada de quedarse con los bienes de los enfermos ha señalado que los ancianos vivían en el centro "como nunca antes lo habían hecho". "No somos criminales, aunque nos han puesto como eso", ha dicho antes de asegurar que "nunca echaría a un anciano a cambio de dinero".
La Fiscalía acusa al matrimonio y a su hijo de estafa continuada y pide para ellos una pena de 4 años y 9 meses de prisión, una indemnización para las familias de los ancianos de cerca de 200.000 euros y una multa de 1.800 euros. El juicio está previsto que se prolongue hasta el jueves.
