Actualizado 11/01/2010 13:24

Orden de detención y presentación contra el ex director de la residencia de Caja Cantabria por no acudir al juicio

Su abogada renuncia a defenderle y la Acusación Particular pide que se completen unas pruebas


SANTANDER, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial cántabra ha acordado la detención y presentación ante la justicia del ex director de la residencia de mayores de Caja Cantabria que hoy iba a ser juzgado por apropiarse supuestamente de la herencia de una de las residentes. El procesado, A.S.R., no se presentó a la vista, así que se ha acordado que sea llevado ante la Audiencia "por la fuerza" y "a la mayor brevedad".

El presidente de la sección tercera, Agustín Alonso Roca, recalcó que el acusado tiene domicilio conocido, se le ha citado "personalmente" y, por tanto, si no ha comparecido en el juicio es "porque no ha querido".

Así las cosas, y en vista de que tampoco ha justificado su ausencia, ha acordado que sea detenido y llevado ante la sala. "Lo traeremos al juicio por la fuerza, con la correspondiente orden de detención", a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y "deberá justificar por qué no se ha presentado hoy", subrayó el magistrado.

No obstante, atendiendo al hecho de que tiene domicilio conocido, aclaró que "de momento" no se dictará orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión.

El juicio ha quedado suspendido hasta la detención del acusado --como ha pedido la fiscal--, y hasta que se resuelva también quién se hará cargo de su defensa, ya que su abogada trasladó hoy a la sala su intención de renunciar.

Según explicó la letrada, no ha vuelto a hablar con el acusado desde que le asistió en su declaración en el juzgado de instrucción porque, desde entonces, a pesar de sus repetidos intentos y cartas, no ha conseguido contactar con él.

Por ello, señaló que no ha podido preparar "convenientemente" la defensa y quiere renunciar a representarlo. La abogada, que había sido designada de oficio, explicó además que se ha denegado al procesado la justicia gratuita.

Ahora, según señaló el presidente de la sección tercera, la abogada deberá comunicar su decisión al Colegio de Abogados para que, en su caso, se designe un nuevo letrado, salvo que el propio acusado, cuando sea llevado ante la sala, designe uno directamente.

Por otro lado, la acusación particular, ejercida por la Obra San Martín --una de las herederas de la fallecida--, aprovechó la suspensión del juicio para pedir a la sala que se solicite de nuevo a Caja Cantabria documentación sobre varias cuentas y los movimientos realizados en ellas.

El letrado explicó que la entidad bancaria sólo ha cumplimentado "en parte" la documentación solicitada con anterioridad y consideró "importante" que se reitere la petición. En respuesta, el presidente de la sala le instó a indicar por escrito qué aspectos considera incompletos para solicitar a la Caja que lo remita.

HECHOS

A.S.R. está acusado de apropiarse supuestamente del dinero de una anciana cuando ésta murió. Según se explica en el escrito de acusación de la Fiscalía, la mujer falleció en enero del año 2005 dejando una herencia de casi 92.000 euros (unos 6.600 en una libreta de ahorro y algo más de 85.000 en un fondo de inversión).

Los herederos, según el testamento otorgado diez años antes, eran la Obra San Martín, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y la 'Provincia de Castilla de la Compañía de Jesús'.

Sin embargo, tras su muerte el 6 de enero de 2005 y durante dos años (desde febrero de 2005 a febrero de 2007), el acusado presuntamente sacó la totalidad del dinero, a pesar de que los únicos gastos que se han podido justificar después de la muerte de la mujer ascienden sólo a 3.663 euros.

El procesado tenía acceso a las cuentas porque en noviembre de 1999 fue declarado tutor de la fallecida, ya que por entonces era el director de la residencia.

La fiscal pide siete años de prisión para el procesado por un supuesto delito de apropiación indebida, así como una multa de 4.200 euros. Igualmente, propone que indemnice a los herederos con 88.232 euros más intereses. La Acusación Particular pide la misma pena de cárcel y de multa, pero eleva la indemnización para los herederos a 90.913 euros.