La administración asegura que pidió a la asociación suspender las actividades
BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Asociación de Adopción de Niños en el Congo (Adic), Anna Maria S., y su directora, María Cintia A., han defendido que las adopciones que planearon y cobraron con precios que rondaban los 10.000 euros estuvieron siempre bajo la supervisión de la Generalitat, e ignoran "absolutamente" por qué no se realizaron.
"Teníamos la garantía de la Generalitat y en todo momento pensábamos que finalizaríamos las adopciones" en la República del Congo y la República Democrática del Congo, ha declarado la directora en el juicio que ha empezado este lunes en la Audiencia de Barcelona.
Adic, con sede en Sabadell, se creó a principios del 2006 y al principio llevó a cabo adopciones con éxito, pero incumplió con el segundo grupo de padres que habían pedido adoptar: se detectaron irregularidades en los expedientes y la Generalitat desacreditó a Adic para seguir con los procesos.
Las acusadas han defendido que pensaban que las adopciones iban a acabar con éxito, ya que invirtieron parte de su patrimonio personal y tiempo --Anna Maria S. incluso cedió un local sin remuneración, pese a que los informes bancarios muestran un pago de 25.000 euros para el alquiler--, y no cobraron salario alguno.
La presidenta de la asociación ha llegado a decir que "nunca" trabajó en Adic, sino que sólo la presidía; que no estuvo en ninguna entrevista con los padres adoptivos, y que ignora por qué quedaron abiertos cinco o seis expedientes.
La letrada de la Generalitat ha declarado que Adic no dejó de preasignar adopciones cuando la administración pública ya la había desacreditado, por lo que cree se saltó el circuito legal.
La Generalitat tomó el control de las adopciones a finales del 2007 tras constatar irregularidades en los informes transmitidos por las administraciones del Congo --y que habían pasado antes por las manos de Adic--, como que los menores no estaban en situación de desamparo, tenían familias en su país y su nombre no correspondía con el real.
Por eso, pese a no poder finalizar los procesos de adopción, la Generalitat indemnizó con 10.000 euros aproximadamente a las familias que ya habían pagado, a las que explicó que el Gobierno congoleño se había negado a entregar a los niños: "El Congo dijo que de allí no salían".
Esta versión es contraria a la de María Cintia A., que ha dicho que fueron las autoridades y tribunales de los dos países los que facilitaron a la Generalitat y a Adic informes favorables a la adopción de los niños, ya que aportaron documentación en la que aseguraban que los menores "habían sido abandonados y no reclamados".
INVESTIGACIÓN
El policía encargado de investigar la asociación a instancias de la Fiscalía ha declarado ante el juez que Adic recibió 126.000 euros procedentes de subvenciones de la Generalitat, y que la asociación podía haber manejado más de 300.000 euros.
Sobre los documentos referentes a los niños adoptados, el policía ha afirmado que seguramente fueron "alterados": eran fotocopias, muchos expedientes contenían documentos idénticos y había datos que no se ajustaban a la realidad.
La fiscal ha solicitado cuatro años de cárcel para cada una de las acusadas, y una indemnización de más de 75.000 euros, por simular adopciones en el Congo.
