Actualizado 11/06/2013 17:17

El Cogreso pide al Gobierno que promueva la lucha contra la mutilación genital femenina en la cooperación internacional

Mujer y niño
EUROPA PRESS

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Socialista que insta al Gobierno a apoyar la lucha contra la mutilación genital femenina en sus políticas de ayuda al desarrollo.

Según ha explicado la portavoz socialista en materia de igualdad, Carmen Montón, esta "forma extrema de la discriminación y la desigualdad" afecta a 135 millones de niñas en el mundo, pese a que se trata de una "práctica machista reconocida internacionalmente como violanción de derechos humanos" y, en la actualidad, tres millones de niñas están en riesgo de sufrir la amputación de sus genitales sólo en el continente africano.

Aunque la propuesta ha sido aprobada por unanimidad, la diputada de Izquierda Plural, Laia Ortiz; y el diputado de CiU, Carles Campuzano, han encontrado ausencias en el texto. Para la primera, "faltaría introducir que la lucha contra la mutilación genital femenina fuera una prioridad para el Gobierno en las relaciones bilaterales" porque, en su opinión, de otro modo se incurre en la "complicidad" con esta práctica.

Para el segundo, era importante destacar la labor de los protocolos de intervención impulsados por todas las administraciones públicas en la detección y prevención de la mutilación genital de niñas que residiendo en España, estaban en riesgo de ser sometidas a esta práctica. "Nunca en nombre de culturas o religiones podemos legitimar prácticas contrarias a los derechos humanos", ha añadido Campuzano.

El texto aprobado, fruto de un pacto con el Grupo Parlamentario Popular, insta al Ejecutivo a incluir, en ejecución de la Resolución sobre mutilación genital femenina de Naciones Unidas aprobada en 2012, "las acciones y medidas pertinentes que proceda adoptar para su adecuada implementación por España", en el marco del Plan de Derechos Humanos que el Gobierno tiene pendiente aprobar.

Asimismo, solicitan que se apoye el trabajo de las ONGD especializadas y de las organizaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres, "en especial en el ámbito de las estrategias de prevención, empoderamiento de las mujeres y de salud sexual reproductiva, incluida la importante labor del ACNUR en el ámbito de la protección y derecho de asilo de mujeres y niñas que han sufrido por esta causa".

Por último, la Cámara pide la inclusión en el Plan Director de la Cooperación Española, de una "previsión cuantitativa indicativa de asignación de recursos" de la Ayuda Oficial destinados a las estrategias de igualdad de género y de derechos sexuales y reproductivos, "con el fin medir y evaluar el seguimiento e impacto de las acciones de cooperación" en esta materia.

LA EDUCACIÓN, EN IGUALDAD

En la misma Comisión parlamentaria, los grupos han aprobado una propuesta del Grupo Popular para pedir al Gobierno que apoye la educación en igualdad de oportunidades en el marco de la cooperación internacional, "promoviendo aquellos aspectos que apoyen la incorporación de la materia de género en los programas de educación, incluyendo el acceso y mantenimiento en la escuela de las niñas y jóvenes".

La propuesta, defendida por la diputada Arancha Miguélez, insta al Gobierno a promover asimismo "el refuerzo de la calidad educativa, con especial incidencia en la inclusión de la perspectiva de género en la formación docente, el diseño de currículos inclusivos, el uso de indicadores para evaluar la calidad educativa y la equidad de género".

En esta línea, le pide que vele "para garantizar una educación de calidad, que respete la igualdad de género, amplíe las oportunidades para las niñas y las mujeres y sirva para promover el empoderamiento económico, legal y político de las mismas".

En un tercer punto, la proposición no de ley insta a apoyar en la Comunidad Internacional "los mecanismos necesarios para vigilar el cumplimiento de las bases del reconocimiento universal del derecho a la educación de todas las personas, incluidas las niñas y las mujeres, tanto en el acceso a preescolar como en la finalización del ciclo formativo (primaria y secundaria), con el fin de incrementar el porcentaje de jóvenes y adultos que alcanzan un trabajo digno".