MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, manifestó hoy que los malos tratos a menores siguen siendo uno de los problemas que más preocupan a su institución, pues se ha producido un incremento de denuncias en el año 2009.
Durante su exposición ante el Parlamento regional de la Memoria de 2009 de la Defensoría, Canalda no ofreció datos cuantificables sobre estos casos, pero destacó el importante papel que han desempeñado los centros escolares como agentes básicos en la detección de situaciones de riesgo en que pudieran verse envueltos los menores escolarizados.
Además, consideró que "es preciso seguir mejorando en los procedimientos de detección y notificación, ya que una actuación de detección precoz, es la primera condición para detener" estas situaciones.
En este sentido, apuntó que en 2009 fue especialmente relevante la actuación del Grupo de Menores de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, que ofreció rapidez y seguridad en el seguimiento de los casos de riesgo conocidos. "Los agentes tutores prestan un inestimable apoyo al Defensor del Menor y son uno de los grupos mejor valorados en el entorno escolar por su profesionalidad y dedicación", añadió.
Por otra parte, Canalda afirmó que la Institución que dirige encargó un estudio a la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente sobre la Prevención del consumo de drogas en niños y adolescentes en la Comunidad de Madrid, de cuyas conclusiones se desprende que la prevención del consumo de drogas debe iniciarse a edades cada vez más tempranas, porque los datos indican que en muchos casos se está llegando tarde.
"A los niños y adolescentes hay que facilitarles la información sobre drogas adecuada a su edad, información que siempre debe ser veraz. Por ello es imprescindible dotar a profesores, madres y padres de las herramientas necesarias para afrontar esta cuestión en cualquier momento, especialmente cuando no existe ninguna alarma o crisis en el escenario, para que ese abordaje sea natural y normalizado", planteó el Defensor.
CONVIVENCIA CON LAS DROGAS
Durante su intervención, Canalda mostró su preocupación por las denuncias de la existencia de los 'cundas' o 'taxis de la droga' que desarrollan su actividad principalmente en la zona de la Glorieta de Embajadores de Madrid y sus calles aledañas. En concreto, citó las quejas de ciudadanos asociadas a los perjuicios de contemplar y convivir con consumos de drogas por adultos en la vía pública o en entornos donde se desarrolla su vida cotidiana como parques o centros escolares.
Estos 'cundas' son vehículos privados que se dedican a recoger a personas drogodependientes para trasladarlas a los puntos de venta de drogas, con el consiguiente deterioro para el barrio y perjuicio para los menores residentes en la zona y alumnos de los centros escolares situados en las cercanías.
"Los menores se ven obligados a presenciar el deambular de toxicómanos, la acumulación de desperdicios relacionados con el consumo en la vía pública, el destrozo del mobiliario urbano y una falta de seguridad constante", lamentó Canalda.
Ante la persistencia de este problema, el Defensor formuló una sugerencia al Grupo de Menores de la Policía Municipal de Madrid con el fin de que se desplegara una mayor intervención en los entornos más afectados por esta actividad.
En materia de abusos sexuales, Canalda mostró su satisfacción por la puesta en marcha del Registro Nacional de Delincuentes Sexuales aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero de 2009.
MENORES DE ORIGEN EXTRANJERO
Por otra parte, Canalda se refirió a la situación de los menores extranjeros. Así, afirmó que en 2009 las quejas sobre los procesos de retorno de menores extranjeros no acompañados no fueron las mayoritarias, si no que las quejas más relevantes fueron las referidas a menores de origen extranjero, residentes en España y acompañados de familiares, a quienes la falta de autorización de residencia de sus padres podía colocar en situación de desprotección.
Éste es el caso de los menores de origen saharaui que acuden a España por motivos de salud y que, al no estar tutelados por la Comunidad de Madrid, que no ve que estén en situación de desamparo, no pueden obtener una autorización de residencia en España y, por lo tanto, sufren las consecuencias de la "irregularidad administrativa", que supone, entre otras cosas, "la imposibilidad de visitar a sus familias, dado que si así lo hicieran, perderían la oportunidad de regresar a España y continuar sus tratamientos médicos".
Canalda se refirió a la Ley del Menor que, a su juicio, es "muy efectiva en la gran mayoría de los supuestos, pero fracasa estrepitosamente en los casos más graves y que deja sin respuesta, ni siquiera educativa, a los menores que se inician en el delito a edades tempranas".
"No se trata de bajar la edad penal, sino de establecer medidas educativas obligatorias por debajo de los 14 años y de establecer penas excepcionales para los delitos como el de Sandra Palo", señaló Canalda, que apuntó que, como avanzó el fiscal jefe de Madrid, los delitos protagonizados por los menores en la Comunidad descendieron en el año 2009 en un 9,3 por ciento.
Canalda, que destacó que han bajado las cifras de sustracción de menores, aconsejó crear un Registro Voluntario de Guardas y Custodias al que tendrían acceso directo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la creación de una Oficina o Centro Nacional de menores desaparecidos, la elaboración de una estadística que permita conocer su magnitud y la firma de nuevos tratados bilaterales de colaboración en esta materia.
Por otra parte, destacó que, en términos generales, "una de cada cuatro quejas recibidas está relacionada con los conflictos familiares derivados de las rupturas de pareja" y abogó por crear una jurisdicción de la familia.
Por otro lado, señaló que en 2009 se puso de manifiesto la necesidad de aumentar el cuerpo de fiscales en la Comunidad, y señaló que tras dirigirse a la Fiscalía madrileña, ésta le dijo que "las tres Fiscalías de Área adolecen del número de fiscales necesarios para comparecer en persona en los distintos actos judiciales de los diferentes órdenes jurisdiccionales, que legalmente imponen su presencia", lo que obliga a priorizar porque "no es posible atender todos los señalamientos existentes".
