MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación de oficio para esclarecer posibles irregularidades en el trato a menores de un centro de trastornos de conducta ubicado en Galapagar a raíz de las denuncias formuladas por dos jóvenes que aseguran haber sufrido malos tratos físicos y psíquicos, informaron hoy fuentes de este organismo.
El departamento que dirige Arturo Canalda asegura que la apertura del expediente no implica que se hayan detectado anomalías en el centro. De hecho, indican que un funcionario visitó el lugar y comprobó que los chicos están medicados bajo prescripción de Salud Mental y que se utiliza contención homologada, como en centros que tratan a pacientes con algún tipo de trastorno.
Asimismo, el Defensor del Menor asegura que durante la visita "no se hallaron indicios" para llevar el asunto a la Fiscalía de Menores, algo que tampoco encontró la Inspección de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, un inspector del Defensor del Pueblo, que acudió por sorpresa hace unas semanas a este centro, descubrió la presencia de amarres y cuerdas de sujeción en las camas, así como que los chicos estaban medicados en exceso sin haber recibido información acerca de los fármacos que se les suministra, informaron a Europa Press fuentes de este organismo.
Como consecuencia, el Defensor del Pueblo abrió una investigación contra este centro terapéutico de menores con trastornos de conducta. La visita al centro se produjo la semana pasada a instancias de las denuncias presentadas por varios jóvenes que aseguraron haber sufrido presuntos malos tratos físicos y psíquicos por parte de varios educadores.
Este mismo jueves, cuatro jóvenes y varios testigos de los hechos acudieron a declarar ante el Juzgado número 7 de Collado Villalba para contrastar las manifestaciones judiciales prestadas ya por los educadores del centro. Entre los cuatro jóvenes hay un menor, por lo que acudió a la declaración acompañado de un educador de la Comunidad de Madrid, según indicaron fuentes jurídicas a Europa Press.
"Al inspector le sorprendieron algunas medidas adoptadas. Vio en las camas cuerdas de sujeción para amarrar a los chavales. Había discrepancia entre lo que decía el equipo directivo y los menores. La dirección contaba que en los últimos veinte años, sólo se han usado las cuerdas en veinte ocasiones. Los chicos aseguraban que se emplean a diaria para amarrarles incluso hasta 48 horas", indicaron fuentes del Defensor del Pueblo.
El funcionario también comprobó que los chicos parecían estar demasiado medicados, sin conocer el motivo de por qué se les suministra tantos fármacos. "Los menores no conocen los medicamentos que toman porque no son informados, cuando la Ley del Paciente obliga a informar en todo momento", añadieron las citadas fuentes.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación con la Comunidad de Madrid ante esta "situación alarmante". Por ahora, este organismo ha remitido a la Comunidad una solicitud para que le aclare si tenían conocimiento de esta situación. Están a la espera de una contestación.
UN SISTEMA HOMOLOGADO
El centro está gestionado por la empresa Mental Consulting S.L, pero depende de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Desde la Comunidad de Madrid insistieron a Europa Press que en el centro se emplea "un sistema de sujeción homologado", que se utiliza también en hospitales para determinados casos como pacientes con algún trastorno mental.
Además, indicaron que "todos los medicamentos los prescribe Salud Mental, basándose en los trastornos de los chicos". "Los chavales entran con más medicamentos de los que salen", reseñaron las fuentes consultadas.
Asimismo, indicaron que hay un informe del centro en el que consta que el inspector no les requirió más información de la solicitada entonces por "la transparencia" del lugar. "En este tipo de centros hay inspecciones conforme a un protocolo que se firmó con la Fiscalía de Madrid", indicaron las mismas fuentes.
Desde la Consejería madrileña de Asuntos Sociales indicaron que el pasado noviembre representantes de la Inspección de la Comunidad, de Fiscalía, del Defensor del Menor y del Pueblo visitaron el centro sin trasmitir a la Comunidad de Madrid ninguna queja al respecto.
Además, añadieron que por ahora no han recibido ningún tipo de requerimiento ni por parte del Defensor del Pueblo ni por parte del juzgado que investiga los hechos. "Nadie nos ha informado de nada y no se nos acusa de nada", apuntaron.
DECLARACIÓN DE LOS MENORES
Las denuncias fueron presentadas el pasado 7 de diciembre. En ambos documentos los chicos se declaran víctimas y testigos de los abusos que los educadores del turno de tarde cometieron contra ellos y una quincena de menores, entre los que destacan contenciones, agresiones, insultos o castigos injustificados, alegando el centro que se trataba de "medidas cautelares". Los denunciantes estuvieron ingresados hasta cumplir la mayoría de edad.
Según describe uno de los jóvenes en la denuncia, internó en esta institución desde febrero de 2007 hasta marzo de 2008. Desde el principio de su internamiento los educadores le obligaban a ducharse con agua fría, le daban golpes en la cabeza, le ataban a la cama durante noches enteras sin poder ir al baño o le administraban fármacos sin control médico.
Asimismo, asegura tener conocimiento de que por las noches, estos empleados, en lugar de hacer su trabajo, dormían en el centro dejando en desamparo a los menores.
La otra denuncia corresponde a J.A.G, interno en el centro de Galapagar durante tres años, de septiembre de 2005 a julio de 2008. El joven se declara víctima de castigos psíquicos, como la obligación a ducharse delante de los educadores.
Cuenta, además, que cuando pidió a uno de los empleados que respetara su intimidad, éste le respondió bajándose los pantalones y mostrándole sus genitales. Denuncia también que los educadores castigaban a los menores sin cenar o a permanecer en el jardín, durante horas y en pijama, a pesar de las bajas temperaturas.
J.C.V indicó que los malos tratos descritos en la denuncia ya los conocía antes de ingresar en el centro, por lo que muchos menores podrían dar testimonio de los mismos. "Me fui de allí cuando cumplí la mayoría de edad y decidí poner la denuncia el año pasado porque la cosa estaba muy mal y tenía que contar lo que yo había vivido. Sólo espero que cierren este centro y que tomen medidas contra los educadores que nos maltrataron", añadió.
Los abusos en varios centros terapéuticos de menores se dieron a conocer hace un año, tras la publicación de un informe del Defensor del Pueblo en el que destapaba estas conductas y en el que puso de relieve la necesidad de un protocolo común para todas las comunidades autónomas que regulara la atención de este colectivo de menores.
(EUROPA PRESS)
