MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las tres asociaciones con mayor representación entre los jueces expresaron hoy su malestar por la polémica reabierta acerca de las medidas punitivas para menores delincuentes porque "no es un debate serio", genera "alarma social" y nace de "intereses políticos", no de una reflexión "serena y argumentada" sobre el sistema penal español.
Así lo expresó el portavoz de la agrupación Jueces para la Democracia (JPD), Miguel Ángel Jimeno, para quien "esta polémica cíclica ha surgido cada cierto tiempo en los últimos tres años en función de intereses de carácter político" porque a la hora de la verdad, "nunca se ha llehado a debatir en serio" y "ninguno de los políticos que lo proponen han presentado nunca una iniciativa sobre el tema en el Parlamento".
"Se está generando de manera deliberada alarma social porque se está lanzando un mensaje que no se corresponde con la realidad", apuntó Jiménez, para explicar que España es el país de la UE que tiene el índice mayor de reclusos en términos relativos y "en ningún país del entorno se prolongan las penas más de lo que se prolongan aquí".
En este sentido se expresó también el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, quien aseguró que abordar la cadena perpetua e introducir el término "revisable" es una discusión "puramente oportunista y semántica" ya que se trata de propuestas "más formuladas desde el punto de vista del interés en coordenadas de contienda política, que desde lo que pueden ser necesidades reales en una democracia".
Para García, "que andemos cada dos por tres con este tipo de cuestiones es, cuando menos, poco edificante" porque "todo lo relativo a la Justicia merece un abordaje desde la serenidad, la calma, basado en la racionalidad, con aportaciones de una mínima profundidad y desde luego, intentando arrinconar y obviar esa carga de emotividad que acaba derivando en soluciones más propias a la venganza que de la justicia".
Desde la asociación de magistrados Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, apuntó además, que esta discusión "no sólo se reabre en la sociedad española, sino en todas aquellas en las que no existe la cadena perpetua o no se aplica" porque los familiares de la víctima "nunca estarán satisfechos con ninguna pena cuando el delito es tan grave".
"Es comprensible y cualquiera que nos pongamos en la situación de las víctimas podemos entender y disculpar este tipo de reacciones, pero el Derecho está por encima de las mismas y tiene que aplicar la norma con los criterios constitucionales y legales más apropiados para prevenir y castigar con función socializadora", añadió.
