Argumenta que para controlar todas las ejecutorias de su juzgado necesitaría "diez horas al día"
SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
La secretaria del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez, alega en su recurso presentado para pedir la suspensión de la sanción de dos años de empleo y sueldo impuesta por el Ministerio de Justicia por su actuación en la tramitación de la condena pendiente al presunto asesino de la niña Mari Luz, Santiago del Valle, que la citada sanción es una "injusticia" contraria "a cualquiera de los valores de la Constitución".
Según explicó a Europa Press el abogado Ramón Entrena, autor del recurso que tramitará el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, con la "elevación" de la sanción a dos años "se están imponiendo dos sanciones al mismo tiempo, la propia suspensión y el traslado forzoso", ya que a los seis meses de baja su plaza saldría a concurso.
El letrado aseguró que los medios personales, materiales y tecnológicos de los juzgados están "en una situación muy parecida a la de finales del siglo XIX, cuando los asuntos eran muchos menos". "Los expedientes están amontonados llegando casi al techo e impidiendo que las oficinas puedan tener luz natural porque no caben de otra manera", apuntó Entrena, quien lamentó además la "tardanza" con la que la Junta de Andalucía "cubre los huecos de los funcionarios de baja".
Asimismo, el letrado manifestó que la consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta, Evangelina Naranjo, ha dicho en alguna ocasión que "es perfectamente posible que con el sistema informático de los juzgados se pueden controlar las ejecutorias". "Solamente destinando un minuto a cada ejecutoria se necesitarían diez horas al día", prosiguió Ramón Entrena, quien se preguntó de forma irónica que "cómo se sacan esas horas" teniendo en cuenta que en el Penal número 1 de Sevilla "hay tres mañanas a la semana dedicadas a la celebración de juicios".
Del mismo modo, lamentó el hecho de que la propuesta de seis meses de suspensión de la instructora llegara al Ministerio de Justicia el día 17 de septiembre, "curiosamente" cinco días después de que altos responsables del Ministerio anunciaran que "había que elevar la sanción". "¿Con qué base se hizo ese anuncio si no había llegado la propuesta?", apostilló el abogado.
"NI FISCAL NI JUNTA SE INTERESARON POR LA EJECUTORIA"
"Lo que ha pasado es una calamidad que constituye un caso fortuito y que puede ocurrir cualquier día y en cualquier juzgado sin que se puede reprochar responsabilidad a nadie porque no hay medios para evitarlo", aseveró Entrena, a la vez que recordó que "en esta causa estaban personados el fiscal y la Junta de Andalucía y en ningún momento se interesaron por el estado de la ejecutoria".
El ministerio que dirige Mariano Fernández Bermejo impuso a Gálvez el pasado mes de octubre una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo por una falta grave de negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, lo que desembocó en un "cúmulo de omisiones y errores" que le llevó a un "grave incumplimiento de sus deberes profesionales".
A pesar de que el instructor del expediente de la secretaria había propuesto que la suspensión fuera de seis meses de suspensión, Justicia argumentaba la de dos años "por la gravedad del perjuicio causado a los ciudadanos con la actuación de la funcionaria". "Tanto la naturaleza de las penas impuestas, cuya ejecución se dilató de manera indebida, como los hechos que motivaron la condena, requerían de un especial celo en la tramitación", señaló entonces este departamento.
Tras conocer la sanción, Gálvez defendió que había desempeñado sus funciones "con absoluta dedicación y empeño", a pesar de "las dificultades" que producen las "carencias de medios materiales" y de que los funcionarios judiciales trabajan "con unas organizaciones caducas y unas leyes obsoletas".
