Declaró ante el Tribunal Superior de Justicia hebreo que la operación se anuló varias veces antes por el riesgo a que muriesen civiles
MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El General de Brigada y Jefe Adjunto del Estado Mayor de Israel, Dani Halutz, declaró el 28 de noviembre de 2004 ante el Tribunal Superior de Justicia del país hebreo en relación al bombardeo sobre un barrio de Gaza en julio de 2002 que investiga el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. El mando recordó que el objetivo del ataque era acabar con la vida de uno de los líderes de la facción palestina Hamas y reconocía las consecuencias de la acción en la que además fallecieron 14 civiles, la mayoría niños.
"El architerrorista Salah Shehada fue asesinado, era uno de los activistas de mayor rango y peligrosos de Hamas y el jefe de su mecanismo militar que planificó y fue responsable de un larga lista de operaciones criminales contra civiles y soldados y estaba la mando de la maquinaria de abastecimiento y producción de armas, incluidos los cohetes Qassam (...) desgraciadamente, niños inocentes y adultos también fueron asesinados", aseguró el mando.
Se trata de una declaración remitida por escrito por el militar a este tribunal el 28 de noviembre de 2004 --dos años después de los hechos y que obra en poder del juez Andreu entre la documentación remitida por Israel a la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso Europa Press.
Asimismo el militar afirmó no tener dudas de "saber de antemano que estos serían los resultados trágicos, la operación no hubiera sido autorizada". "Como prueba de ello, la autorización de esta operación había sido denegada varias veces (en presencia mía), principalmente debido al conocimiento de la posibilidad de que hubiera personas inocentes cerca del terrorista Salah Shehada", explicó.
Halutz contestaba así a un requerimiento de tribunal hebreo que le solicitó una explicación sobre su opinión ética de los hechos después de que un suplemento del diario local 'Haretz' le atribuyera unas expresiones en las que entre otras cosas aseguraba "dormir bien por las noches". En sus explicaciones, Halutz se esfuerza por matizar sus palabras y en justificar el ataque al tiempo que defiende la actuación de sus subordinados.
Este mando de 61 años y en el Ejercitó israelí desde 1966, defiende que "no hay nada en la fuerza aérea, como 'bombardee a la ciudad' o 'elimine un pueblo' o cosas de este tipo". "He guiado y he educado a muchas generaciones en el amor a este país y también en el profesionalismo, la ética y los valores (...) mi actitud constante es abstenerse en la medida de lo posible de atacar a personas inocentes incluso si el precio es renunciar a cumplir con el objetivo", añade.
Por último, Halutz adjunta en su declaración escrita un documento interno enviado a los comandantes de las bases y de los escuadrones de la Fuerza Aérea el 1 de marzo de 2002 con el título 'La política de uso de la fuerza en la fase actual de confrontación' en el que, entre otras cosas, se indica que "la persona que está llevando a cabo la misión en tierra tiene permiso de decidir lo contrario de lo que se le dice, si tiene datos diferentes de los que recibe de las fuerzas que le dan la orden del uso de la fuerza (si puede ver con sus ojos mujeres y niños, no debe disparar)".
LA CAUSA EN ISRAEL
Asimismo, en la documentación que obra en poder del juez Andreu se encuentra también todo el proceso judicial que se siguió en Israel acerca de estos hechos así como algunos testimonios de víctimas del ataque. El magistrado continuará tramitando la causa iniciada contra siete responsables militares de Israel, entre ellos el ex ministro de Defensa Benjamin Ben-Eliezer al considerar que la documentación sobre el ataque remitida por el Estado de Israel reconoce que no se produjo ninguna investigación penal sobre los hechos en el Estado hebreo, informaron fuentes jurídicas
La causa en Israel se inició en febrero de 2003 cuando el movimiento Yesh Gvul envió dos cartas al Fiscal General Militar de Israel, el general de División Méname Finkelstein, solicitando que iniciara una investigación del bombardeo y llevar a los autores a juicio, no obstante, recibieron respuestas negativas.
El 30 de septiembre de 2003, Yesh Gvul y cinco autores israelíes presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia relativo a este asunto, solicitando exigir al Fiscal General y al fiscal General Militar llevar a juicio a los responsables del ataque. Meses después la oficina del Abogado del Estado de Israel presentó su contestación a la demanda.
Tras esta contestación el juez Asher Grunis, actuando en nombre del Tribunal Superior de Justicia, propuso suspender esta demanda hasta que se hubiera dictado una resolución sobre una demanda paralela contra la política de las Fuerzas de Defensa de Israel, que había presentado el Comité Público contra la Tortura en Israel en enero de 2002. Por ello el juez Grunis decidió suspender la demanda por el bombardeo en Gaza hasta el 3 de marzo de 2004.
De hecho, la documentación remitida la semana pasada al juez Andreu explica que el fiscal general de Israel no instó en ningún momento al alto tribunal la apertura de una investigación. No obstante, varios civiles afectados e incluso algunos de los pilotos de los bombarderos encargados del ataque reclamaron ante esta instancia que se indagaran los hechos, indicaron fuentes jurídicas.
Estas peticiones provocaron que el Gobierno israelí creara una comisión de investigación formada por ex militares y expertos que concluyó que la instrucción sobre el ataque no estaba justificada y cumplía la legislación del Estado hebreo. Las conclusiones de esta comisión fueron admitidas por el alto tribunal hebreo, que archivó el asunto.
