Fiscalía pidió en la instrucción, bajo secreto de las actuaciones hasta el viernes 12, la declaración de un trabajador como imputado
CEUTA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El monitor del centro de reforma de menores de Punta Blanca de Ceuta, cuyo testimonio dio pie a la denuncia que CCOO formuló hace un año a la Fiscalía por presuntas "torturas" a los internos, aseguró en su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad que "no hay una situación generalizada de torturas o maltrato a los menores", aunque sí mantiene que "cree que en casos puntuales alguien se ha podido extralimitar" al aplicar sanciones de sujeción durante horas.
En el sumario del caso, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, el monitor, al que se identifica como 'Testigo número 1', dice a preguntas del Ministerio Fiscal que "por parte de Comisiones Obreras se está dando una dimensión a esta situación que no es la que el declarante mencionó" a uno de los dirigentes del sindicato.
CCOO alertó en enero de 2009 a la Fiscalía de la presunta práctica habitual de métodos de represión consistentes en esposar a los menores con grilletes a las camas inmovilizándoles durante horas con correas, situación que llegó a comparar con las imágenes de "Abu Ghraib o Guantánamo".
En su comparecencia el testigo dice que "no existen directrices expresas para actuar en casos concretos", pero sí confirma que al menos en dos ocasiones se encontró o tuvo conocimiento, al incorporarse en su puesto, de casos de menores que permanecían atados a sus camas o esposados desde el día anterior.
Dichas prácticas, que afirma que "se aplican en casos muy puntuales y no son la forma habitual de actuar", se vendrían adoptando, según su declaración, al menos desde 2004, cuando en las habitaciones de separación de grupo "se cambiaron las camas de mampostería por unas de hierro para poder aplicar las medidas de sujeción".
Contra lo declarado por otros compañeros, el testigo señala que "no existen camisas de fuerza en el centro" y afirma que "muy pocas veces se emplean las porras" y que cuando se utilizan "no se agrede nunca a los menores". Los registros del Juzgado de Menores de Ceuta sí contienen, según la información a la que ha tenido acceso Europa Press, casos investigados en los que internos afirman haber sido agredidos.
Dos de ellos datan de 2006 y en ellos dos menores distintos afirman haber recibido "dos tortazos y una patada" por parte de un celador, en el primer caso, y "una p atada" y "un golpe con un candado en el pómulo", en el segundo, que fue trasladado al hospital. En 2007 otro interno denunció al Juzgado de Menores, que de acuerdo con el testimonio del celador no tendría conocimiento de la aplicación de medidas de sujeción como "castigo accesorio", haber sufrido un "kate" de un celador que le rompió un diente en junio.
En febrero de 2008 un menor dijo haber sido golpeado en la ducha y en la habitación "con la porra en el cuello a la altura de la nuez" por un celador del centro.
DECLARACIÓN COMO IMPUTADO POR TORTURAS
El Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta levantó el pasado viernes el secreto de las actuaciones que mantenía sobre el caso, en el que hasta entonces sólo estaba personada la representación de los trabajadores del centro después de que uno de estos tuviese que declarar el pasado 20 de marzo como imputado a instancias de la Fiscalía, que aún está pendiente de calificar definitivamente los hechos para proceder, en su caso, a la apertura de Juicio Oral, según precisaron fuentes judiciales a Europa Press.
La Sala aceptó ayer la personación de Comisiones Obreras en la causa dando la razón al recurso que contra su exclusión de la misma presentó el sindicato en junio, iniciativa que no fue admitida a trámite por el juez que llevaba el caso hasta diciembre, demora por la que ha sido denunciado por la central ante el Consejo General del Poder Judicial. La defensa de la plantilla del centro, que esta tarde se reunirá en asamblea, ha recurrido de inmediato que se acepte la entrada del sindicato en el proceso.
Desde que la denuncia saltó a la luz pública el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha negado la veracidad de la denuncia de Comisiones y ha insistido en que las actuaciones que se desarrollan en el centro de reforma se ajustan en todos los casos a la legislación aplicable y en que que todas las medidas disciplinarias que se imponen a los menores son comunicadas no sólo a la Jefatura de servicio, sino también al juez de Menores.
