Publicado 28/10/2019 17:12

Una acusación popular del caso del Tarajal se desmarca del resto al no pedir cárcel para los agentes procesados

Acto en recuerdo de las víctimas del Tarajal en el Templo de Debod en Madrid
Acto en recuerdo de las víctimas del Tarajal en el Templo de Debod en Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

   MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Asociación Observatori de Drets Humans (DESC), una de las seis acusaciones populares personadas en la causa de la tragedia del Tarajal, no pide penas de prisión para ninguno de los 16 guardias civiles procesados en este caso que investiga los hechos acontecidos el 6 de febrero de 2014, cuando al menos 14 migrantes murieron ahogados intentando entrar en España.

   De esta manera, esta acusación se desmarca de la calificación realizada por la mayoría de las acusaciones populares personadas en la causa. Hasta el momento, tres de las seis acusaciones --la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y las asociaciones Coordinadora de Barrios y Sociedad Humana-- han pedido entre 28 y 56 años de cárcel para cada uno de los 16 guardias civiles procesados por utilizar material antidisturbios para repeler a un grupo de migrantes que intentaba entrar en Ceuta a nado.

   Pero, tal y como consta en el escrito de acusación, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, el Observatori DESC considera que los hechos del 6F fueron constitutivos de un delito de denegación de auxilio y por ello solo pide penas de multa e inhabilitación. El escrito está firmado por Gonzalo Boyé, abogado del del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont.

   En concreto, para esta asociación, procede imponer a los acusados la pena de 24 meses de multa a razón de 12 euros diarios. Asimismo, también procede la inhabilitación para empleo y cargo público por un tiempo de 6 años, así como a la accesoria inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante del tiempo de la condena.

   Además, reclama una pieza separada de responsabilidad civil de los acusados, a los que requiere el pago de la cantidad de 100.000 euros para cada familia de cada una de las víctimas de forma solidaria y, subsidiariamente, a las Administración del Estado representado por la Abogacía del Estado. También solicita que se condene a los acusados al abono de las costas entre las que deberán incluirse las de esta acusación popular.

OTRAS ACUSACIONES PIDEN ENTRE 28 Y 56 AÑOS DE CÁRCEL

   Por su parte, tres acusaciones --la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y las asociaciones Coordinadora de Barrios y Sociedad Humana-- han solicitado entre 28 y 56 años de cárcel para cada uno de los 16 guardias civiles procesados, según sus respectivas calificaciones a las que ha tenido acceso Europa Press.

   CEAR atribuye a los guardias un presunto delito de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte por el que procede imponer a cada guardia por cada una de las 15 muertes dos años de prisión (30 en total). También ve otro delito de denegación de auxilio, por el que por cada fallecido pide una multa de 24 meses a razón de 20 euros diarios (más de 200.000 euros), así como suspensión de empleo o cargo por tres años.

   La calificación se basa, según su relato de los hechos, en que los guardias "dispararon pelotas de goma y botes de humo" al grupo que nadaba; que "omitieron socorrer a las personas que se hallaban nadando en el mar y que se encontraban con riesgo vital"; y que "hicieron un uso de la fuerza de forma desproporcionada en relación con las víctimas".

   Por su parte, la Asociación Coordinadora de Barrios reclama por cada uno como homicidio por imprudencia grave dos años de prisión (un total de 28 por funcionario) e inhabilitación especial por plazo de cinco años y nueve meses. "Subsidiariamente", contempla un presunto delito de omisión del deber de socorro que conllevaría "pena de prisión de tres años y nueve meses" y accesoria de privación del derecho de sufragio pasivo.

    "Los acusados, a pesar de conocer el riesgo que suponía el empleo de material antidisturbios y la situación de peligro de personas en el mar, dispararon 155 pelotas de goma, cinco botes, y 355 salvas de fogueo", según argumenta en su escrito.

   Esta asociación ha presentado también un escrito en el que se opone formalmente al recurso planteado por la Fiscalía para pedir e el archivo de la causa e impugnación del auto de procesamiento de los agentes por presuntos delitos de homicidio imprudente y denegación de auxilio.

   En un escrito dirigido al juzgado número 6 de Ceuta al que ha accedido Europa Press, Coordinadora de Barrios ha reclamado que confirme ese auto de procesamiento, alegando que "las diligencias de investigación testificales, la abundante prueba documental obrante en autos" permiten "colegir que existen indicios suficientes" para continuar con el procedimiento.

   Por último, la Asociación Sociedad Humana estima que la Guardia Civil "primó la custodia de la frontera sobre la protección de los seres humanos y de su vida". A su juicio los hechos son constitutivos de quince delitos de homicidio por imprudencia grave y otros tantos de denegación de auxilio. Así, pide tres años y nueve meses de prisión (en total, 56 años y tres meses de cárcel para cada guardia) con inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por cinco años.

   Y por cada delito de denegación de auxilio solicita penas de multa de 22 meses con cuota diaria de 12 euros para cada guardia y un total de 80 años de prohibición especial para ejercer empleo o cargo público.

    Por su parte, Fiscalía, así como la Abogacía del Estado y el resto de las defensas, han pedido el archivo de las diligencias.

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