MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
Varias asociaciones de jueces han pedido en un comunicado conjunto al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez que "proteja y ampare" de forma "urgente" al barco español Open Arms y "deje de poner trabas a su labor esencial de vigilancia, denuncia y salvamento".
El comunicado lo firman colectivos como Juezas y Jueces para la Democracia, la Asociación de Mujeres Juezas de España, Ágora Judicial o la Unión Progresista de Fiscales, y reclama al Gobierno español que exija a Italia y Malta, como puertos seguros más cercanos, que permitan la entrada del barco, que desde hace días espera con 121 personas rescatadas del Mediterráneo un puerto para desembarcar.
Según estas asociaciones, el Open Arms salvó a estar personas "de una muerte segura" y lo hizo cumpliendo con un deber legal. "Brindar auxilio a quienes se encuentran en peligro de muerte en el mar es una obligación consagrada en el Derecho Internacional", apuntan los firmantes del manifiesto, entre los que también se encuentran Comissió de Defensa, Associació Catalana de Juristes Demcrates y el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia.
"Tanto Italia como Malta, los dos puertos seguros más cercanos, se niegan a otorgar permiso y ningún otro país europeo ha ofrecido los suyos. Nuestro gobierno, con su inacción, está permitiendo esta situación de indefensión en la que se encuentra el Open Arms, un barco con bandera española al que solo puede reprochársele haber cumplido con la ley del mar", añaden estas organizaciones de jueces.
"España debe velar por el cumplimiento del derecho marítimo, y sobre todo, de los derechos humanos", proclaman los firmantes, que reclaman al Gobierno español que, en el caso de que Italia y Malta no atiendan a sus peticiones, "lleve este incumplimiento al Tribunal del Mar en Hamburgo, con solicitud de medidas provisionales, para proteger la vida de las personas que se encuentran a bordo".
"Esta espera en el mar supone un trato inhumano y degradante que debe finalizar inmediatamente. Cualquier otra solución pondrá en peligro al barco y a la tripulación. Es nuestro momento como país para demostrar que no somos cómplices de políticas criminales", sentencia el comunicado.
