MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha destacado la "escasa fiabilidad" de los datos del registro estatal que contabiliza a los menores extranjeros no acompañados (MENA) en España, al tiempo que ha denunciado la disparidad que existe en las pruebas médicas a las que estos niños, niñas y adolescentes son sometidos para la determinación de su edad.
En su informe anual de 2019, presentado este miércoles en el Congreso, la institución destaca las numerosas quejas recibidas por los procedimientos de determinación de la edad incoados, tanto a personas indocumentadas que afirmaban ser menores como a aquellos que portan documentación acreditativa de su minoría de edad.
Al respecto, el Defensor del Pueblo asegura que ha dado traslado "una vez más" a la Fiscalía General del Estado de su preocupación tras constatar "con alarmante frecuencia la insuficiencia de las pruebas médicas, la ausencia de intervención forense y la falta de notificación de los decretos".
El Protocolo Marco recomienda practicar distintas pruebas (radiografía de carpo, ortopantomografía y radiografía de clavícula), supervisadas por un médico forense. En este sentido, el Defensor avisa de que en mucho casos que las pruebas realizadas no tienen en cuenta los parámetros y pautas fijadas en el documento de consenso de buenas prácticas entre los institutos de medicina legal de España, entre otras.
En relación con la participación forense en los procedimientos de determinación de la edad, el Defensor apunta que "se ha comprobado la disparidad de actuaciones en las distintas comunidades autónomas, e incluso en las diferentes provincias de la misma comunidad". De hecho, en Andalucía es "sistemática" la falta de intervención forense en los procedimientos de determinación de la edad incoados, tal y como agrega.
Asimismo, el Defensor agrega que la "disparidad" de pruebas médicas a las que son sometidos los presuntos menores conlleva la diferencia de los resultados de las mismas. Esto provoca que, tal y como añade, haya niños que fueron considerados mayores de edad al ser localizados en las costas y que, una vez recluidos en un centro de internamiento y ser sometidos a procedimientos de determinación de la edad fuesen declarados menores de edad y puestos a disposición de los servicios de protección de menores.
De hecho, en el informe de 2019 la institución afirma que se han incrementado el número de quejas recibidas por la presencia de menores, o presuntos menores, en centros de internamiento de extranjeros (CIE), lo que ha motivado un número significativo de actuaciones con la Fiscalía General del Estado y con las autoridades policiales.
REGISTRO DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS
Por otro lado, el Defensor advierte la "disparidad" de datos sobre el número de menores extranjeros no acompañados en España proporcionados por las entidades de protección, lo que supone la imposibilidad de conocer el número de menores tutelados en cada comunidad autónoma.
Según afirma el Defensor, existe la necesidad de "mejorar" el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y en general el sistema de recogida de datos. En concreto, en el caso de Andalucía, la institución aboga por revisar los criterios que se siguen para la asunción de la tutela.
"Miles de menores extranjeros no acompañados abandonan anualmente el sistema de protección sin que se pueda establecer con claridad las causas de este masivo abandono o, lo que es más preocupante, su paradero", remarca el Defensor del Pueblo, que denuncia "la falta de fiabilidad de los datos que obran en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, así como por su falta de actualización".
Para ejemplificar esto, recuerda el caso de un menor que estuvo a disposición de los servicios de protección de menores andaluces en la provincia de Cádiz. Según relata el Defensor, tras el abandono voluntario del centro en el que residía, fue localizado en Madrid e ingresado de nuevo en un centro de primera acogida, esta vez de los servicios de protección de menores madrileños. La fiscalía de menores incoó un nuevo procedimiento de determinación de la edad y, pese a que el interesado constaba en el citado registro, se le practicaron nuevas pruebas médicas y se dictó decreto acordando su mayoría de edad.
En este contexto, el Defensor del Pueblo muestra su preocupación acerca de "la escasa fiabilidad" de los datos que se reflejan en el registro y llama a "una revisión urgente del funcionamiento" del citado registro.
Por otro lado, en 2019 la institución ha investigado los ataques y mensajes intolerantes contra menores extranjeros no acompañados y ha iniciado actuaciones por la falta de escolarización de un grupo de menores en situación irregular en Melilla. Otra cuestión recurrente desde hace unos años se refiere a las demoras en la realización de pruebas de ADN y la separación de menores y adultos que afirman ser sus familiares.
Asimismo, tal y como explica la institución, un año más es objeto de "constantes quejas" la "demora en declarar el desamparo de los menores y en la asunción y cese de su tutela". De igual modo, el Defensor apunta que "es continuo motivo de preocupación" para la institución la situación en la que quedan los menores tutelados por la Administración tras acceder a la mayoría de edad.
En este sentido, asegura que se han recibido numerosas quejas de jóvenes que, tras cumplir su mayoría de edad, "quedan en una precaria situación ya que carecen de posibilidades reales de subvenir a sus necesidades más básicas".
