18 de julio de 2019
  • Miércoles, 17 de Julio
  • 15 de febrero de 2018

    El Defensor del Pueblo denuncia en el Congreso que la acogida de migrantes es "ineficiente, barata y cruel"

    Señala mujeres con niños en calabozos sin camas, pronunciamientos judiciales colectivos y un mal cribado de perfiles vulnerables

    El Defensor del Pueblo denuncia en el Congreso que la acogida de migrantes es "ineficiente, barata y cruel"
    DEFENSOR DEL PUEBLO

    MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

    El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Marugán, ha denunciado este jueves en el Congreso la "precariedad" y las "carencias estructurales" en la acogida de migrantes que llegan de forma irregular a la frontera sur, situación inadecuada que ha contrastado con visitas a los principales centros de recepción en las costas andaluzas.

    "Hay que cambiar la lógica del sistema, que es ineficiente y barato y a lo mejor está así por ineficiente y barato, y en numerosas ocasiones es cruel con personas que sólo buscan una vida mejor", ha aseverado ante la Comisión Mixta Congreso-Senado reunida en la Cámara Baja.

    Marugán ha recordado que el año pasado llegaron 28.349 personas irregularmente por el sur, 22.103 de ellas en embarcaciones que en un 93,9% de los casos, cruzaron el Mediterráneo. Mientras, 171.635 personas llegaron de este modo a Europa, casi un 70% a Italia (ruta central), un 17,8% a Grecia y Chipre (ruta este) y un 12,6% a España (ruta oeste).

    En esta situación, su oficina ha detectado "importantes carencias", la primera de las cuales está en las instalaciones, que son, conforme ha resumido, las comisarías, "que son muy lóbregas"; los "centros de primera acogida y detención", que "es un oxímoron y Dios sabe cómo cumplen su función"; y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), lugares no adecuados a su juicio para personas que acaban de llegar.

    "En las comisarías lo que hay es una mezcla bastante desordenada de personas que las recluyen ahí 72 horas en tanto en cuanto preparan unas condiciones de recepción más definitivas. Las ubican en los calabozos donde difícilmente hay luz natural y en casi ninguna de ellas, agua corriente", ha explicado.

    En cuanto a "los llamados Centros de primera estancia y detención", ha afirmado que "son una especie de continuación de la comisaría" donde los equipos del Defensor del Pueblo han "presenciado cómo aparecían mujeres y hombres acompañados por sus hijos pequeños o por jóvenes" y que carecían "de los elementos más básicos". "No había en Motril por ejemplo, una cama para los hombres y en Almería ni una cama para ninguno", ha sentenciado.

    "Lo que podría haberse convertido en una buena práctica, ha acabado trasformándose en una prolongación de una comisaría, desprovista de los servicios mínimos esenciales para las circunstancias de las personas que han de atenderse. El ingreso en un calabozo con hasta 21 personas simultáneamente, recién llegadas a la costa, como pudimos comprobar en una de la visitas, no es la mejor respuesta que cabría esperar. Como tampoco lo es ingresar a menores o madres con bebés
    en esas instalaciones", ha denunciado.

    Sobre los CIE, ha incidido en que "resultan uno de los puntos críticos del sistema; especialmente cuando sirven de 'espacio
    de acogida' a personas recién rescatadas del mar" y ha recordado que "no están concebidos" para ello "aunque esté siendo su
    principal cometido".

    Las consecuencias de este recibimiento se manifiestan en áreas como la asistencia jurídica. "La urgencia y la pretendida eficacia no pueden conducir a retorcer los derechos fundamentales, vaciándolos de contenido práctico". "No es posible garantizar una asistencia jurídica adecuada si ni siquiera se cuentan con medios materiales suficientes", ha señalado.

    "EL CRIBADO SE HACE MAL"

    Marugán ha explicado que en sus visitas la institució nha constatado que "se realizan tomas de declaraciones colectivas, lecturas de derechos colectivas, asistencias letradas colectivas etcétera", en un asunto que se debe abordar de forma individualizada y en el que "no basta con el cumplimiento de determinadas formalizades para considerar que se garantizan los derechos fundamentales".

    "En ocasiones hemos podido observar que no hay siquiera un espacio para que pueda desarrollarse una toma de declaración privada con jueces, fiscales y abogados. En muchas ocasiones, la intervención de los diferentes profesionales se limita a convalidar con su firma la resolución administrativa o judicial de que se trate. Por último, hemos constatado de manera directa cómo, en muchos casos, ni siquiera existe una conversación entre profesionales y personas migrantes", afirma.

    Otra consecuencia es la identificación de los perfiles vulnerables, como los menores y las víctimas de trata, "se hace mal". Considera que "no debería abordarse desde el punto de vista de la sospecha, puesto que eso conduce a su desprotección" y advierte de que siguen produciéndose identificaciones de estos perfiles a posteriori, cuando están en un CIE o "como certificación del fracaso, tras la desarticulación de redes criminales".

    En su opinión, es necesario "crear infraestructuras idóneas para grupos humanos específicos, promover la coordinación con la sociedad civil y el ACNUR creando "equipos multidisciplinares" e infraestructuras "próximas y flexibles", así como una mejora en la identificación de los perfiles con "un triaje" y "repensar el papel de los CIE", para lo que ofrece la colaboración de su institución.

    "Hay que evitar las actitudes mostrencas y tener voluntad política. Habrá que hacer cambios legislativos que eviten esta imagen de que estamos detrás de una valla o una especie de fortaleza inexpugnable", ha zanjado.

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